Aunque algunos parece que lo hayan olvidado y otros no quisieran que se sepa, conviene recordar que Albert Rivera y su partido siempre se negaron a suspender la Administración autonómica en rebeldía a pesar de la antelación y la claridad con que sus gobernantes golpistas tuvieron la gentileza de anunciar la celebración de las delictivas consultas secesionistas del 9-Nde 2014 y del 1-O de 2017.
También conviene recordar, frente a tanta desmemoria sobrevenida o mera ceguera voluntaria, que los representantes de Ciudadanos tampoco propusieron condicionar en ningún momento los fondos extraordinarios que el FLA destinaba a la Administración catalana a una retractación pública y un compromiso verificable de acatamiento del orden constitucional por parte de sus gobernantes golpistas.
Al igual que el PP de Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez, conviene recordar que el partido de Rivera, a lo largo de estos casi seis años de abierta rebelión institucional en Cataluña, tampoco se ha personado ante los tribunales contra los golpistas, como sí hicieron –aunque ya fuese en la segunda fase del procés– UPyD y, sobre todo, Vox.
Así mismo, convendría recordar cómo Ciudadanos fue un calco del PP de Rajoy y del PSOE de Sánchez a la hora de silenciar y ningunear las manifestaciones celebradas en toda España contra el procés que precedieron –y digo bien, precedieron– al tardío pero espléndido y decisivo discurso del Rey, que puso las pilas –aunque solo fuese por un rato– a nuestra indolente clase política constitucionalista sobre la extrema gravedad de lo que sucedía en Cataluña.
No menos exigible es recordar que Ciudadanos, lejos de estar al margen, fue el partido que tuvo la disparatada idea de invocar el artículo 155 no para suspender y someter a la Administración autonómica en rebeldía a largos años de cura constitucional, sino para convocar inmediatas elecciones autonómicas que liberasen a Rajoy de la desagradable y penosa obligación de hacerse cargo de esa parte de España.
Iniciada en marzo la que denominé "tercera fase" del procés con la conformación del previsible nuevo Parlamento golpista, también tuvo que ser la formación que lidera Santiago Abascal la que se querellara contra Torrent y la Mesa de dicha cámara por la tramitación de la reforma de la ley que pretendía la investidura de Puigdemont a distancia. Ciudadanos, por su parte, se limitaba hasta hace nada a pedir que ese Parlamento, claramente en manos de lo secesionistas, "controlara" a TV3, so pena de tener que hacerlo el Senado. Eso, por no recordar que Ciudadanos sigue siendo una formación que defiende las competencias autonómicas en la educación, así como una mayor financiación de nuestras Administraciones regionales a pesar de ser las mejor dotadas, comparativamente, de toda la OCDE.
Puede que Albert Rivera ya no sea el lamentable continuador de Rajoy que me ha venido pareciendo en los últimos años. Pero sigue teniendo una irresolutiva empanada mental, como evidencia su más reciente ocurrencia de mostrarse favorable tanto del restablecimiento como a la suspensión de la Administración catalana en aplicación del artículo 155. Grave es que la disparatada aplicación del 155 no haya significado nada, tal y como era perfectamente previsible. Pero no es menos grave e irresolutivo que su aplicación pueda significar cualquier cosa.