Con independencia de cuál sea el fallo del TSJC en el juicio por el 9-N, lo cierto es que Artur Mas ya ha sido absuelto judicialmente de todo delito que le pueda llevar a la cárcel, sin olvidar que ya está inhabilitado políticamente por sus correligionarios separatistas para volver a presidir la Generalidad y liderar el procés.
Si la inhabilitación de Artur Mas a la que me refiero se la debemos a sus cuperos socios de gobierno, y nada tiene que ver con el procés separatista, sino con la corrupción del 3%, el hecho de que no vaya a ir a la cárcel, aun cuando resultara condenado por lo poco que se le acusa del 9-N, se lo debemos al Gobierno de Rajoy y a su obediente Fiscalía.
Recordemos que fue el Gobierno de Rajoy el que, a pesar de su holgadísima mayoría absoluta y de pedírselo también UPyD, se negó a tratar como delito específico y más severamente castigado la convocatoria ilegal de referéndums, tal y como sí había hecho Aznar para disuadir a Ibarretxe. También en esto, el felón de Rajoy prefirió ser continuador de Zapatero antes que de Aznar.
Con todo, la usurpación de atribuciones y la malversación de fondos públicos eran y siguen siendo delitos castigados con penas de prisión, razón por la que llegado el 9-N, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, las incluyó en su querella contra Mas, Ortega y Rigau.
El problema de dicha querella inicial del Ministerio Fiscal es que, si bien se ajustaba a Derecho y a la gravedad de los delitos perpetrados el 9-N, no encajaba con la edulcorada versión del 9-N ofrecida por Rajoy, en la que el presidente del Gobierno tuvo la desfachatez de pretender hacernos creer que la ley se había cumplido en Cataluña. Pero sobre todo dicha querella no era coherente con las ofertas de negociación y diálogo que el felón de Rajoy siguió haciendo a Artur Mas a pesar de que este ya habia sido acusado por el Ministerio Público.
Así las cosas, se entiende perfectamente por qué Torres Dulce, muy pocas semanas después de presentar la querella contra Mas, presentó su dimisión como fiscal general del Estado; tanto como se entiende el hecho de que desde entonces la Fiscalía haya ido rebajando paulatinamente las acusaciones hasta dejarlas en meros delitos de prevaricación y desobediencia, por los que ninguno de los acusados corre riesgo de ir a prisión, a diferencia de lo que le pasó a la abuela de Fuerteventura o de lo que le pasaría a cualquier otro mortal no nacionalista.
Ya sin poltrona que perder, y sin riesgo alguno de ir a prisión, Mas nada tiene que temer de la sentencia del 9-N. El fallo carecerá de todo efecto disuasorio ante una nueva consulta secesionista. Y es que mientras el Gobierno de España tenga más miedo a hacer cumplir la ley que el que tienen los secesionistas a violarla, olvídense de ver restablecido en Cataluña el ordenamiento constitucional.