Para obtener sus fines, es decir un pronunciamiento en un referéndum o en unas elecciones a favor de la autodeterminación, los nacionalistas confeccionarán un censo electoral que les garantice la unanimidad de los congresos del partido comunista búlgaro. En este proyecto no hay diferencia entre nacionalistas moderados y violentos. ETA y la kale borroka amedrentan a personas hasta que se marchan o se callan. El PNV y EA son más sutiles, como acaban de demostrar en Álava.
Como en esta provincia la suma de los votos de los partidos nacionales supera a los partidos abertzales, el PNV local, por medio del presidente del Araba Buru Batzar, Iñaki Gerenabarrena ha propuesto en los últimos días algo sencillísimo: ampliar las circunscripciones de elección de los miembros de las Juntas Generales (el parlamento de 51 miembros que elige al presidente de la Diputación). La nueva propuesta supone pasar de tres circunscripciones (el norte de la provincia, con Llodio y Amurrio; Vitoria y su comarca; y la Rioja alavesa) a siete, con lo que primaría el voto rural. De esta manera, Vitoria y su área, donde viven más del 70 por ciento de los alaveses perdería representación; se quedaría, según la intención del PNV, con 25 junteros, aunque le corresponderían 39. El voto de un aldeano, vigilado por el batzoki y la herriko taberna, valdría por el de dos o tres vitorianos, lo que supone la quiebra del principio de igualdad. Batasuna dijo que apoya la reforma, lo que prueba una vez más la coincidencia de las dos ramas del nacionalismo en fines y, a veces, en métodos. Al final, las protestas han sido tan intensas que el PNV ha guardado su ingenioso y caciquil proyecto... hasta quién sabe cuándo.
Esta propuesta enraiza en la tradición ruralista del PNV (cosa paradójica, ya que Sabino Arana fundó su partido en el Bilbao industrial de finales del siglo XIX). A principios de los 80, el PNV aprobó con la ayuda de AP a instancias de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón la Ley de Territorios Históricos, que regulaba la elección de los parlamentos provinciales a su gusto, con una prima del voto rural sobre el urbano. Las ciudades, mestizas y maketas en el imaginario abertzale, están para pagar impuestos. Otro ejemplo, previo al anterior, está en el Estatuto de Guernica, y es la asignación de escaños en el Parlamento autónomo: cada provincia tiene el mismo número (antes 20, ahora 25), pese a las diferencias de población. Un parlamentario cuesta en Vizcaya el cuádruple que en Álava, aunque luego a la caja común de los Presupuestos aprobados en el Parlamento cada provincia aporta en función de su riqueza y su población. Si hay muchos principios fijados en la Constitución que no se cumplen en las regiones gobernadas por los nacionalistas, la vulneración del lema un hombre, un voto es, en el caso vasco, escandalosa.
Esa decisión, aceptada por UCD y el PSOE, la tomó el PNV para no asustar a Álava y a Navarra, cuya población supera por poco la de Guipúzcoa y es inferior a la de Vizcaya. En una “Euzkadi” cuyas instituciones básicas estuvieran organizadas a tenor del principio de mayorías, los alaveses y navarros podían temer ser fagocitados por el PNV, al que se llama el partido bizkaitarra. Los nacionalistas tratan de hacer pasar este sistema como un fruto de la voluntad de pacto que inspira la vida y la tradición vascas, como si “Euzkadi” consistiera en una federación de territorios en pie de igualdad. Navarra (gracias a Dios) se resistió a los halagos y los intentos de absorción y probablemente en Álava habría ocurrido una rebelión similar si la asignación de escaños se hubiera hecho en función del número de habitantes. En un acto de justicia suprema, esa sobrerrepresentación del electorado alavés permite a los partidos constitucionalistas plantar cara a los secesionistas; éstos, además, no pueden reformar el sistema de distribución porque entonces Álava daría un portazo, y el lehendakari Ibarretxe y sus funcionarios tendrían que mudarse. Recordemos que el Estatuto no define la capitalidad de la comunidad vasca, en un incumplimiento de la Constitución, porque al principio el PNV quería colocarla en Pamplona; luego la escogida, para halagarla, fue Vitoria.
Todo lo anterior corrobora que en la ideología nacionalista las personas se someten a las abstracciones. En semejante ambiente, la ley no expresa la voluntad ni el interés generales, sino la conveniencia del partido-guía. Dos últimos ejemplos: PNV, EA e IU rebajaron el tope mínimo de votos para participar en la distribución de escaños del 5 por ciento al 3 por ciento para ayudar a la coalición de Javier Madrazo en las anteriores elecciones autonómicas; y el presidente del Parlamento, Javier Atutxa, reformó el reglamento para que no se votaran las enmiendas a los Presupuestos para 2002 en bloque y evitar así que la mayoría de la cámara (PP, PSOE, Batasuna y UA) los devolvieran al Gobierno.
Consolémonos pensando que si el todopoderoso PNV ha planteado esta propuesta es que, de lo contrario, da por segura la pérdida de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria.
Pedro María Fernández es periodista.