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ECONOMÍA

No al 'banco malo'

Del programa económico de Rajoy sabemos poco o nada, salvo, según se ha filtrado, que pretende crear un banco malo. Es decir, otro banco malo, pues al parecer el sistema financiero español debe de estar plagado de ellos.

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¿Y qué es eso del banco malo? Básicamente, el Gobierno de España emite deuda pública y compra a nuestras entidades todas sus malas inversiones, que pasan a ser acumuladas en un vehículo de inversión denominado banco malo.

Presuntamente, y según se nos cuenta, la adquisición se efectuaría con un importante descuento con respecto al valor real, de manera que a largo plazo los contribuyentes podrían incluso salir ganando. Por ejemplo: si unos promotores deben a una caja 100 millones de euros y el Estado adquiere ese préstamo a cambio de 70 millones, el Gobierno podría terminar embolsándose al cabo de unos años unos beneficios de 30 millones. Fantástico, ¿no? Pues no tanto. Pregúntese por qué, si estamos ante una indudable ganga, la caja de marras está deseosa de desprenderse del préstamo incluso con un descuento del 30% y, sobre todo, por qué ningún inversor, salvo el Estado, está dispuesto a comprar.

¿Tal vez sea, no sé, porque en realidad no se trata de ninguna ganga? Suponga que, como no sería de extrañar, los promotores impagan sus deudas y la caja sólo puede cobrar con el suelo que adquirieron esos promotores y que hoy, vaya por dónde, sólo tiene un valor de 10 millones. Resultado final de la operación: el Estado ha pagado 70 millones por un cubo de basura que sólo vale 10. ¿Y quién se ha agenciado la diferencia de 60 millones? Claramente, la caja que invirtió donde no tenía que invertir y que ha sido capaz de convencer a los políticos para que compren a precios inflados sus activos tóxicos.

Al final, pues, el banco malo sólo es un mecanismo para redistribuir la riqueza del país desde los contribuyentes hacia los accionistas, directivos, trabajadores y acreedores de las entidades financieras. En Irlanda, los contribuyentes han tenido que aportar 50.000 millones de euros (más del 30% de su PIB) y, de momento, el vehículo acumula unas pérdidas superiores a los 1.100 millones; es decir, ganancias... más bien pocas. Es de pura lógica: si el único dispuesto a comprar esos activos a precios tan desorbitados es el Estado, será que los activos no valen lo que el Gobierno va a pagar por ellos; será que todo es un opaco artilugio montado para transferir dinero desde el bolsillo del contribuyente a las cuentas de resultados del sector financiero.

Los habrá que, con algo de razón, argumenten que en estos momentos el mercado se encuentra demasiado revuelto como para asignar valoraciones realistas a los activos de los bancos; no es que muchas entidades no quieran sanear sus balances vendiendo sus préstamos basura a un importante descuento, sino que, si lo hicieran ahora, el precio al que podrían colocar sus activos sería tan injustificadamente bajo que quebrarían de inmediato. Dicho de otro modo, el único agente capaz de mantener la cabeza fría en estos momentos de tribulación es el Gobierno, quien, lejos de dejarse llevar por un precio de los activos irracional, es capaz de calcular su auténtico valor a largo plazo y sanear nuestro sistema financiero.

El razonamiento, como todos los realmente tramposos, tiene su pizca de verdad. En efecto, en momentos como los actuales muchos inversores, salvo aquellos con una visión más largoplacista, no tienen demasiadas ganas de seguir cargando sus balances de activos arriesgados a largo plazo, sino que, dada la incertidumbre, prefieren mantenerse tan líquidos como les sea posible. Con todo, me limitaré a efectuar dos preguntas: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la crisis financiera? Si bien es una cuestión controvertida, todos coincidiremos en que, en octubre de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, la crisis ya había estallado, de modo que, como mínimo, han transcurrido tres años. Segunda pregunta: en estos tres años, ¿los bancos y cajas españoles no han disfrutado de un solo momento de calma para enajenar sus activos a precios realistas?

Es evidente que sí, de forma que sólo cabe colegir que si no lo han hecho ha sido por no reconocer su auténtico valor sobre sus balances; y si no quieren contarnos la verdad es porque, en tal caso, quebrarían. Es obvio que el banco malo que planea Rajoy no comprará los activos de bancos y cajas a unos precios tan bajos como para provocar la bancarrota de los mismos, por lo que el Gobierno del PP, si es que sigue adelante con este bárbaro proyecto, necesariamente pagará unos precios artificialmente altos. Es decir, el Gobierno del PP esquilmará todavía más al contribuyente para dejar limpios de polvo y paja los balances de unas cajas y unos bancos contaminados por su propio proceder.

¿Existe alternativa a este despropósito? Sí, y no me refiero a dejar quebrar sin más a las entidades financieras, ya que, por desgracia, y como consecuencia del abandono del patrón oro, los medios de pago de nuestras sociedades son en su práctica totalidad depósitos bancarios, de modo que su bancarrota ocasionaría un colapso total del sistema. La alternativa justa y pragmática pasa por no rescatar a las entidades con el dinero de los contribuyentes, sino con el de los acreedores.

Una empresa está quebrada cuando el valor de sus activos es menor al de sus pasivos. En tal caso, los acreedores no pueden recuperar todo lo que han prestado por la simple realización de sus activos. Pero, como es lógico, esa misma empresa puede salir de la situación concursal convirtiendo en acciones parte del dinero que adeuda a sus acreedores. Por ejemplo, si una empresa tiene activos valorados en 95 euros y deudas por 100 euros, podría pagar 10 euros de los que debe a sus acreedores entregándoles acciones con un valor nominal de 5: la compañía estaría así inmediatamente recapitalizada (debería 90 euros y tendría 5 euros de patrimonio neto). La operación está a la orden del día en el mundo mercantil y se conoce como capitalización de deuda.

Según se ha filtrado, el PP pretende inyectar hasta 150.000 millones de euros de los contribuyentes en el sistema financiero mediante la argucia del banco malo. Pues bien, bastaría con que convirtiéramos en acciones la deuda basura de nuestras entidades financieras, un 20% de su deuda garantizada y un 5% de las imposiciones a plazo fijo (a saber, que los pagos de intereses de uno o de dos años no se efectuaran en dinero, sino en acciones), para que el sistema financiero español se recapitalizara en cerca de 200.000 millones. Todo sin meter un solo euro del contribuyente y redistribuyendo los derechos de propiedad sobre los activos bancarios de una manera absolutamente justa: no han de hacerse cargo los contribuyentes, que como contribuyentes nada tienen que ver con las entidades, sino los acreedores (aquellas personas que confiaron lo suficiente en la entidad como para prestarle su dinero). Por supuesto, estamos hablando de valores medios para el conjunto del sistema financiero, de modo que, para las entidades más insolventes, la conversión sería mayor, pero tiene todo el sentido del mundo que la penalización (el intercambio de deuda en acciones con un valor fluctuante) sea creciente según el tamaño del pufo.

Con lo cual, ¿por qué no utilizar este esquema para el sector financiero español? ¿Por qué incrementar todavía más la deuda de nuestro sector público en unos momentos en que deberíamos estar reduciéndola? ¿Por qué cargar sobre las espaldas de unos contribuyentes que tienen sus propios problemas de deuda privada el coste de los errores ajenos? Es difícil de decir, probablemente sea una mezcla de miopía política, escaso respeto a la propiedad privada y pusilanimidad a la hora de enfrentarse a ciertas oligarquías económicas. Sin embargo, en mi opinión existe otra poderosa razón para que los populares ni siquiera estén considerando esta opción: Alemania.

Los españoles debemos casi 200.000 millones de euros a los bancos alemanes, en gran medida por los préstamos que nos hicieron para financiar la burbuja inmobiliaria. Si parte de la deuda de bancos y cajas se convirtiera en acciones, los bancos alemanes, en lugar de cobrar religiosamente cada euro adeudado, pasarían a ser propietarios de unas entidades financieras que probablemente no tengan ningún interés en poseer. Tres cuartos de lo mismo sucedió con Irlanda, cuyos ciudadanos y empresas debían 140.000 millones a los bancos alemanes: como es sabido, su Gobierno fue conminado a crear un banco malo.

En general, soy del todo comprensivo con las quejas y reivindicaciones de los alemanes. Nos prestaron un dinero que quieren recuperar y nosotros, si es que somos responsables, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para devolvérselo. Pero Alemania también debería ser consciente de que no será posible que le repaguemos todo cuanto le adeudamos a menos que nos lo refinancie durante bastante tiempo o –y esta es su opción preferida– que socialicemos las pérdidas. El primer camino queda a su discreción (la capitalización de deudas sería una manera de refinanciarnos); el segundo queda a la nuestra... y deberíamos negarnos en rotundo. No se trata de argentinizarnos y mandarles orgullosos a hacer gárgaras, sino de que asuman su responsabilidad a la hora de comerse parte del agujero que contribuyeron a crear: si es injusto y contraproducente que el contribuyente alemán cubra los despilfarros de los políticos españoles –motivo por el cual los políticos españoles deberían ajustar de inmediato ingresos y gastos–, también lo es que el contribuyente español cubra los errores de los banqueros españoles... y alemanes.

Dicen que Rajoy concederá casi tanta importancia a la política exterior como a la económica a la hora de lograr la recuperación. La ocurrencia me parece disparatada, pues no se trata de que vengan a salvarnos desde fuera, sino de que volvamos a generar riqueza desde dentro. Pero el gallego sí tiene algo muy importante que negociar, o, al menos, algo muy importante por lo que plantarse: el banco malo sería una pésima idea, por mucho que interesadamente la defiendan parte de los banqueros de aquí y los políticos de allí.

 

juanramonrallo.com

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