El zapaterismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por legislar a golpe de urgencia. Es la técnica más recomendada para quien se siente incómodo en el debate, para quien teme que las medidas se estudien a fondo y prefiere rectificarlas una vez aprobadas. La permanente sensación de urgencia no es exclusiva del Gobierno de Zapatero. Es moneda común en la política mundial, pues allana el camino a corto plazo. Un claro ejemplo de este patrón de comportamiento es el proceso de reforma laboral que tiene España entre manos. Ha terminado el tiempo reglamentario de las opacas negociaciones entre sindicatos y patronal, que buscan imponer un mercado laboral acorde con sus intereses particulares. Ahora estamos en el tiempo de descuento. Y apuesto a que pretenderán, con la ayuda del Gobierno, apañar en dos días lo que no han logrado hacer en años.

La reforma más necesaria para la economía española es, sin duda, la del mercado laboral. Pero lo más importante no es que se haga rápido, sino que se haga bien. España aspira a ser una potencia económica mundial, pero la tasa de paro es una permanente luz roja que advierte que la avería se encuentra en el mercado laboral. Son fundamentales dos grandes cambios para que la señal de advertencia termine por desactivarse. El primero es una reducción sustancial de los costes laborales. Para que se eleve el empleo es necesaria una disminución de los impuestos sobre la renta del trabajo, cotizaciones a la Seguridad Social y extracostes a la contratación y al despido, además de reducir al mínimo toda traba burocrática. El segundo es establecer un marco laboral más flexible, en el que las partes puedan negociar sus contratos en libertad. Esto pasa, entre otras cosas, por eliminar ese residuo totalitario, ese rescoldo de planificación centralizada que es la negociación colectiva. Estas dos líneas de acción deben ir envueltas en un cambio de mentalidad política que comience a aparcar los planteamientos inoculados al ideario político español tras tantos años de socialismo. Debe quedar claro que el empleo no lo crean los políticos, ni mucho menos los sindicatos, sino las empresas. Que los trabajadores y empresarios no están enfrentados, sino que tienen intereses comunes: si las empresas van bien crearán más empleo; sin van mal, habrá más paro. Y que toda dificultad que se ponga desde el Gobierno a las empresas, se les está poniendo a la vez a los trabajadores.

Estas reformas no son un nuevo y revolucionario descubrimiento, sino algo que los economistas llevan décadas pidiendo, y la mayor parte de los países aplicando. En España, la presión de los sindicatos ha forzado a mantener un modelo laboral que funciona por criterios políticos en lugar de económicos, que destaca por su intervencionismo, rigidez e ineficacia. Los sindicatos son el dique de contención de las reformas laborales que necesitamos, y me temo que el muro está a punto de reventar. El desempleo es el lastre que ancla a España en el fondo de la crisis, y la recuperación económica pasa por soltar amarras con las centrales sindicales.

Es fundamental que la reforma laboral vaya acompañada de una reforma sindical. Los sindicatos y la patronal, que es el sindicato de empresarios, cumplen un papel importante en la sociedad, pero no dejan de ser grupos de presión que velan por sus propios intereses. Por ello, y sin negarles su relevancia, hay que reconvertir el modelo en uno en el que se eliminen las subvenciones y se supriman los poderes legislativos de facto con los que han bloqueado la reforma laboral. Deben ser capaces de vivir de las cuotas de los socios que libremente quieran afiliarse para ser representados. Y al resto ni nos tienen que representar, ni nos tienen que cobrar. El actual modelo sindical no sólo bloquea el desarrollo del marco laboral y lastra la economía, sino que además es una sangría que los contribuyentes españoles no se pueden permitir.