Que, como decía Hazlitt, un euro gastado por el Estado es un euro que no pueden gastar los ciudadanos para consumir o para invertir en la economía privada es algo que ni siquiera los más pródigos keynesianos se atreven a negar hoy en día. Es evidente que para financiar el gasto público hay que subir los impuestos o hay que emitir deuda; lo primero arrebata el dinero que tienen los ciudadanos en sus cuentas corrientes y lo segundo disminuye la cantidad de ahorro disponible en los mercados crediticios al que las familias y las empresas pueden echar mano para invertir.

Lo anterior son puras matemáticas casi de preescolar. Nada hay que objetar. Lo que en todo caso los adoradores de ese Becerro de Oro llamado intervencionismo estatal aducen para justificar la voracidad fiscal es que el gasto público puede resultar para la economía más eficiente que el gasto privado (crea más riqueza por euro gastado); entelequia que debería haberse derrumbado hace unos 90 años –cuando Ludwig von Mises demostró el teorema de la imposibilidad del socialismo­– o, si no son demasiado aficionados a las lecturas de buenos tratados y artículos de teoría económica, allá por 1989 cuando cayó el Muro. Baño de realismo, creo que se llama.

Sin embargo, es verdad que existe un cierto clavo ardiendo al que pueden agarrarse estos científicos de la propaganda estatista. En época de crisis los agentes económicos se niegan a endeudarse, a demandar crédito en los mercados. Como mucho, están dispuestos a refinanciar sus excesivas deudas pasadas, pero pocos –aunque alguno hay– acuden realmente al banco para comprarse una casa a precios todavía inflados o para montar una empresa en medio de un panorama cuando menos incierto. En general, durante una crisis es de esperar que el volumen agregado de crédito (o de deuda) se reduzca, precisamente porque durante la época del auge artificial esa cifra se hipertrofió gracias a la barra libre del sistema bancario.

Los keynesianos, por consiguiente, saltan en seguida a señalar que durante una crisis el gasto público financiado con déficit no expulsa la inversión privada: si nadie quiere endeudarse, ¿por qué el Estado no puede aprovechar el vacío para darle un pequeño empujoncito a la economía?

No me centraré en desarrollar cuáles son todos los efectos perversos que, también en una crisis, provoca el déficit público. Para más detalles –perdón por la autocita– puede consultarse el resumen económico de 2009 que publiqué en el Suplemento de Fin de Año en esta casa, pues versa precisamente sobre eso.

Tan sólo me centraré en una preocupante situación: las familias ahorraron en el tercer trimestre de 2009 casi 25.000 millones de euros, invirtieron 16.000 y les restaron 9.000 millones para financiar a otros agentes económicos que quisieran endeudarse. Algo por otro lado insólito, ya que nuestras familias venían necesitando pedir prestados del orden de 15.000 millones de euros trimestrales.

Por lo que respecta a nuestras empresas, también han realizado un buen ajuste, ya que de endeudarse a ritmos superiores a 30.000 millones por trimestre, en éste tan sólo han pedido prestados 5.000. Es decir, nuestras familias a día de hoy son capaces de financiar toda la inversión que realizan nuestras empresas y aún les sobran unos 4.000 millones.

Pues bien, hete aquí que entra el Estado en el paisaje y nuestros desequilibrados políticos presentan unas desequilibradas cuentas por las que en sólo un trimestre han de pedir prestados 18.000 millones de euros. Total, que la economía española, tras deducir la aportación positiva del sector bancario, ha de pedir prestado al exterior 10.000 millones de euros. Así, pese al ajuste que tendríamos que realizar en la crisis, la economía española ha terminado adeudando 10.000 millones de euros más –y no menos– en apenas tres meses.

¿Y para qué querríamos tener un ahorro neto, en lugar de un endeudamiento neto, de 10.000 millones de euros?, se preguntarán los keynesianos. Quizá se olvidan de que los españoles deben al extranjero, en términos netos, casi un billón de euros, es decir, todo lo que producimos en un año.

¿Nunca se les ha ocurrido a los economistas profesionales que la amortización de las deudas pasadas es una forma de invertir nuestro dinero; de incrementar nuestra renta futura y de reducir esos desajustes nuestros que han degenerado y nos están perpetuando en esta crisis? Parece que no, por eso, tan pronto como sale un pequeño brote verde, se lo meriendan. Ya sabe, las familias ahorran 9.000 millones de euros y el Estado se pule 18.000 en abrir zanjas y volverlas a tapar y en pagar la prestación de desempleo a esos parados procedentes de la ausencia de una liberalización laboral que ese mismo Estado se niega a aprobar. Grandes, muy grandes.