La conquista de las libertades políticas y sociales ha sido históricamente fruto de las sucesivas transiciones democráticas suscritas por una gran parte de los países modernos. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, la creciente sensación de libertad es un espejismo en sentido amplio. La web "mordaza" de la señora Carmena, no puede ser con más intención traída al caso.
No ha lugar a llamar la atención sobre lo indecente de acuñar, alimentar y soportar, con dinero de todos los madrileños un portal en el que el consistorio de la capital pretende controlar la divulgación exacta (desde una posición unidireccional, ya que la misma no habilita opción a comentarios) que atañe a decisiones, declaraciones, propuestas y sugerencias varias relativas a la actuación de los integrantes del Ayuntamiento y sus actividades diarias; quedarse en la superficie es tan evidente como obsceno. Lo verdaderamente hilarante del caso, es que precisamente quienes han venido alardeando de la necesidad de garantizar la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias (en muchos de los casos conocidos hasta la fecha incluso con declaraciones, comentarios y acciones desafortunadas que rozan la ilegalidad manifiesta) sean ahora quienes utilicen recursos públicos para desmentir las informaciones que, en base a su criterio, consideren insuficientemente contrastadas o falsas.
A falta de censura previa (todo es que se les ocurra semejante idea o se atrevan a implantarla), interferir en la actividad de los medios de comunicación para aunque sólo sea matizar sus publicaciones, no es ni más ni menos que un paso de gigante en el control de la propaganda institucional, que esboza con descaro la intención de los recién llegados: adulterar a conveniencia la formación de una opinión real por parte de los ciudadanos. No hay nada más eficaz y rentable que la manipulación y el uso torticero de una plataforma propia como mecanismo de difusión interesada, especialmente agravada cuando se utiliza en calidad de terminal mediática de intereses políticos partidistas.
No es una sorpresa que quieran silenciar descaradamente a quienes los atacan de manera abierta y frontal, pero sí es un escándalo que pretendan amedrentar a quienes los perjudican objetivamente. Para los que entendemos la libertad de expresión (y como valor) en sentido amplio- como aquella que aglutina libertad de prensa, opinión y acceso a los datos de lo público, entre otros aspectos, vinculados con el derecho a la información plural constitucionalmente garantizado- que la alcaldesa de Madrid defienda semejante despropósito viene a confirmar que sus intenciones políticas y las de sus adeptos serán las de restringir su ejercicio con fines abyectos. No en vano, y enmascarados como siempre bajo el signo de una mayor democracia, los precedentes los delatan. Recordemos sino el retroceso experimentado en Perú, durante la década de gobierno de Fujimori (1990-2000), al que la prensa calificó en innumerables ocasiones como autoritario. O el deterioro en las garantías de las libertades civiles y políticas orquestadas bajo el mandato del desaparecido Hugo Chávez y perpetuadas a voluntad por su sucesor Maduro, en Venezuela.
Atentos a la consigna y sus efectos indeseables. Lo más grave no es la manipulación mediática y la presión a los profesionales del periodismo mediante herramientas al servicio del poder establecido. Lo nefasto es pretender condenar a la mediocridad y al ostracismo a periodistas e intelectuales de pensamiento independiente, bajo la premisa de que la única defensa posible de la libertad es la que hacen quienes se consideran depositarios de un mandato que no es tal y pretenden ejercitarlo con métodos totalitarios. Volvemos a la evidencia ya señalada de querer contrarrestar al "enemigo", mediáticamente hablando.
Lo que está tardando es una reacción valiente, contumaz y efectiva de los mayores perjudicados en esto, los ciudadanos. Es a nosotros a quienes corresponde actuar para evitar las intervenciones de la clase política en los medios de comunicación exigiendo, por ejemplo, la eliminación de la tradicional financiación pública de los mismos, con especial interés en las televisiones de ámbito territorial inferior al Estado.
No deberíamos permitir ningún tipo de injerencia en una profesión que muchos han aprovechado a su antojo al servicio del poder de turno, máxime cuando con ello se emiten juicios paralelos que propician un ataque a la libertad y dignidad (o incluso desprestigio público e impune) de los que difieren de sus dictados y se pronuncian de un modo abierto, independiente y crítico contra ellos.