Asistimos a un momento crítico sin precedentes en España. Una incesante tendencia rupturista amenaza la unidad de la nación y quienes nos gobiernan parecen no entender nada.
El auge de los movimientos separatistas -especialmente abanderados por la promesa de declaración unilateral de independencia que se anuncia desde Cataluña- lleva tiempo fraguándose. Disponen de un plan concreto, con una propaganda perfectamente orquestada, que apela a los sentimientos y utiliza para su causa un elemento tan esencial como el concepto de identidad de pueblo, inoculado en los ciudadanos mediante dos vías fundamentales: la educación y el control de medios de comunicación propios (pero financiados por todos los españoles), que divulgan una realidad modificada a voluntad y empeñada en repetir mantras históricos y lingüísticos adulterados. No es algo nuevo, pero sí de enorme trascendencia.
La situación es resultado de una pérdida (ya veremos si irrevocable) del proyecto España y de la españolidad. Especialmente en esto último, aunque resulte doloroso afirmarlo, muy probablemente llegamos tarde.
¿Cuáles son las causas?
Por una parte, la propia inquina de los nacionalistas cuya piedra angular estriba en la atribución de entidad propia a un territorio y sus ciudadanos; entendiendo que si todo fenómeno humano tiene una raíz cultural, ha de elegir para sí mismo y para los demás una cultura propia e idílica que aspira a ejecutar la promesa de construir una convivencia perfecta, previa destrucción de la cultura "dominante" anterior que sólo genera frustración por imposición ("España nos roba" es un claro ejemplo).
Por otra, los complejos de todos los gobiernos centrales, sin excepción, absolutamente incapaces, que han hecho constantes concesiones para alimentarlos. No sólo en lo financiero y en lo electoral (con una ley vigente discriminatoria, que confiere distinto valor a los votos de los ciudadanos en función del territorio) sino por incomparecencia en el debate político, cegados y exclusivamente concentrados en mantener un poder que en no pocas ocasiones ha exigido de pactos indeseables con formaciones nacionalistas (CIU y PNV) a las que han pretendido contentar con atribuciones perversas -en pago a los favores prestados- como la cesión de competencias en contra del interés general de la sociedad y los ciudadanos. Tampoco esto es novedoso ni sorprendente, porque la propia Constitución -norma básica que debe articular las reglas del juego político y democrático- es resultado de un proceso constituyente defectuoso que alienta la progresiva autonomía de las divisiones regionales -ya cuasi subestados- afectando de manera inequívoca a la cohesión propia de la nación y a la eficiencia de su funcionamiento. La descentralización política es nefasta y ha contribuido impunemente a la progresiva demolición del Estado.
España se descompone. La solución no es ni sencilla, ni inmediata. Pero desde luego nada tiene que ver con lo jurídico ni con los tribunales porque, en lo que a la legalidad se refiere, por el momento las afrentas separatistas no han tenido consecuencias relevantes, ni de ninguna otra clase. Sí las ha habido en cambio, de facto, en las amenazas consumadas que desde las instituciones catalanas se han ido materializando de acuerdo a la hoja de ruta confeccionada. Que la consulta era ilegal, de acuerdo. Pero nada, ni nadie, impidió que se celebrara.
¿Por qué entonces deberíamos presuponer que la convocatoria de elecciones autonómicas plebiscitarias, concebidas entorno a una lista nacionalista unitaria, no servirá para legitimar la declaración unilateral consabidamente anunciada?. Los mensajes del gobierno y su presidencia al respecto no pueden ser menos tranquilizadores y equivocados.
Señores, ha llegado el momento de atajar el problema sin ambigüedades y recurriendo a soluciones pragmáticas. Detectadas las causas y analizadas sus indeseables consecuencias, ya no caben más discursos y dislates. Resulta imprescindible tomar medidas concretas y palpables. Si queremos reconstruir España, si de verdad deseamos salvarla, la reforma constitucional es inexorable. Pero no de una forma parcial y timorata, sino valiente y amplia. No olvidemos lo realmente importante, sólo el conjunto de la sociedad, la misma que se ha otorgado una Norma de convivencia determinada, tiene la responsabilidad, el deber y la legitimidad necesaria para modificarla.