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Columna publicada el 07-01-2008
Si el proyecto de ley energética, de mil páginas, aprobado por la Cámara de Representantes, logra la aprobación del Senado, nos costará 21 mil millones de dólares a los contribuyentes de Estados Unidos y, además, tendremos menos libertad de escoger al automóvil que queremos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los congresistas quieren aumentar mis impuestos y reducir mi libertad?
En las economías de mercado, el sistema de precios libres acaba con la necesidad de tener gobernantes manejando y manipulando nuestras vidas. Cuando salimos a comprar un vehículo decidimos lo que más nos conviene: puede ser uno de gran capacidad que, además, por su tamaño es más seguro o, dado el alto precio de la gasolina, más bien uno pequeño.
La gente no necesita que el Congreso le diga lo que le conviene hacer. Sin embargo, el proyecto de ley establece que autos y camiones deben lograr un promedio de 35 millas por galón para el año 2020, con independencia de lo que el consumidor individual necesite. Yo apuesto a que ante el alto costo de la gasolina, para el año 2020 la mayoría de los vehículos serán eléctricos y la regulación innecesaria. Pero si me equivoco, esta regulación causará más muertes en las carreteras e inconvenientes para las familias.
La propuesta obliga a las empresas de electricidad a producir 15 por ciento con “recursos renovables”, lo cual es absurdo en algunos lugares. Si la energía nuclear puede producirse a una tercera parte del costo de la energía renovable, ¿por qué imponer mayores costos al consumidor? Aquí, de nuevo, el sistema de precios libres es mucho más eficiente que el gobierno determinando qué y cómo producir.
Miles de empresas alrededor del mundo están tratando de ofrecernos energía a mejores precios. Lo intentan porque el alto precio actual significa que hay grandes oportunidades de ganancias. Y algunos lo lograrán. Pero el gobierno, con su típico favoritismo político, está regalando miles de millones de dólares en subsidios a productores de maíz para producir etanol antieconómico y aumentando las regulaciones que distorsionan los precios y frenan las innovaciones. El despreciable chanchullo del etanol, al desviar la utilización de las tierras agrícolas, aumenta el precio de los alimentos.
Al proponer 21 mil millones de dólares en nuevos impuestos para pagar subsidios y hacer mal uso de escasos recursos, el Congreso solamente lograría empobrecer a la gente, haciéndonos de paso menos libres y menos seguros. Una reciente investigación concluye que esa ley costaría 4,9 millones de puestos de trabajo y disminuiría el poder de compra de las familias en 1.700 dólares para el año 2030.
La ley también prohibiría las bombillas incandescentes, las cuales ya están desapareciendo porque la gente prefiere la nueva tecnología LED (diodo emisor de luz) que gasta mucho menos corriente y dura mucho más tiempo. A medida que aumenta la demanda de estos nuevos bombillos bajan sus precios, sin que el gobierno tenga que intervenir. Pero los congresistas quieren ganarse el crédito por algo que el sector privado ya está haciendo.
Durante los primeros 150 años de nuestra vida republicana, los congresistas venían a Washington por pocas semanas al año, para ocuparse de las funciones del gobierno, que son pocas. Lamentablemente, ahora se pasan todo el año en Washington inventando locuras y actuando como burócratas socialistas, empeñados en manipular nuestras vidas.
La maravilla del mercado es que provee al sector privado de toda la información requerida para satisfacer las necesidades y deseos de la gente, mucho más rápida y eficientemente que cualquier gobierno.
© AIPE
Richard w. Rahn es director general del Center for Economic Growth y académico asociado del Cato Institute.
