Este sábado se ha escenificado un nuevo acto público de Batasuna-ETA, en forma de concentración a favor de un acuerdo político entre la organización terrorista y el Gobierno. Batasuna no solo sale a la calle en un acto anunciado y bendecido por las autoridades, sino que ha aprovechado para recaudar dinero para la organización criminal. Esta concentración nos debe llevar a la reflexión por varios caminos, ninguno de los cuales lleva a un escenario brillante.
Por un lado no está de más recordar que Batasuna es una organización criminal según los Estados Unidos y la Unión Europea, así como por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Lo recordaba recientemente el Foro de Ermua, que ha decidido suplir la inacción moralmente culposa de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del gobierno, con la propia iniciativa a la hora de llevar a Batasuna ante los tribunales por el acto celebrado en nombre de la organización secundando el mensaje de ETA en torno a la tregua trampa. Batasuna, con la aquiescencia de las autoridades vascas y gubernamentales, está recuperando la iniciativa pública, y actuando de facto como si fuera una organización legal. Sencillamente están anticipando la decisión que seguramente ya tiene tomada el Gobierno, que pasa por aceptar de iure la legalización de Batasuna, una de las condiciones de los asesinos para seguir adelante con su parón criminal, como ha recordado recientemente el propio Otegui. Una decisión que será la exhumación del cadáver del pacto contra el terrorismo, y la enésima estocada del Gobierno al Estado de Derecho.
Pero esta concentración tiene más aristas cortantes, como por ejemplo la presencia de ERC. Los republicanos, que se sintieron perfectamente cómodos en la compañía de Herri Batasuna en la misma lista de unas elecciones al parlamento europeo, que tienen como líder a Carod Rovira, el negociador de Perpiñán, no han querido faltar. Su representante Joan Puigcercós ha declarado que "es el momento de la normalización política y creemos que esto puede contribuir a un nuevo escenario donde Cataluña va a sentirse más cómoda y donde podamos discutir sin violencia y con total libertad en los derechos individuales". Para acabar con ellos, se entiende. Por lo que se refiere a la “normalización política”, no es difícil observar que lo que tienen en mente no es muy diferente de la derrota de la transición política de la que presumía Otegi.
En efecto, de eso se trata. Sea justificado o no el entusiasmo de Otegi por lo que llama derrota (para que luego haya quien no quiera hablar de vencedores ni vencidos) de la transición española, lo cierto es que lo que está en juego es precisamente eso. La transición española supuso la liquidación del régimen anterior desde la continuidad. Una transición, se dijo entonces, “de la ley a la ley”, que partía del régimen dictatorial para construir una base institucional nueva, acorde con la posición de España en el mundo. El gran pacto de la transición llevó a los españoles a aceptar como válidos los partidos de las más diversas tendencias, en la confianza de que las nuevas instituciones democráticas podrían llegar a consensos que basarían una convivencia normalizada. Y también les llevó a mirar hacia el futuro y no volver sobre la Guerra Civil y el régimen que salió de ella. Aún otro aspecto de la transición fue el generoso intento de dar satisfacción a los deseos diferenciadores de los nacionalistas de ciertas regiones españolas, en el entendido de que la nación permanecería como sostén de los iguales derechos de los españoles.
El PSOE nunca quiso la transición. Optó por una ruptura que fracasó políticamente porque los españoles la rechazaron sin miramientos, y acabó aceptando de mala gana la transición. Pero la experiencia del Partido Popular en el poder les ha llevado a recuperar el proyecto de la ruptura, que se manifiesta en el intento poco disimulado de enlazar la legitimidad institucional con la II República, saltándose el posterior desarrollo de nuestra historia, así como en el intento de expulsar al Partido Popular y lo que representa del ámbito plenamente legítimo de la política. En esta estrategia, ETA juega un importante papel. Escenificada en el Parlamento la división de la nación española en dos, ETA sirve de base para un nuevo pacto político, y gana a cambio los réditos del intento de disolución de la nación española. La transición es lo mejor que ha dado la política española en la segunda mitad del pasado siglo, y servía como marco imperfecto de una convivencia pacífica viable. La estrategia del Gobierno de Rodríguez Zapatero de sustituirla por un nuevo pacto político en que izquierda y derecha no tienen ya la misma legitimidad solo puede profundizar en la división entre los españoles.
