Reproducimos a continuación la primera entrega de un artículo escrito por Alberto Recarte para Libertad Digital La deriva populista de las autonomías. El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:
- Gasto y nada más que gasto
- Dependiendo de un Gobierno sectario
- Los gobiernos regionales no aumentan el crecimiento
1. Introducción
Tenemos la desgracia de vivir en un Estado de las autonomías, que no es un Estado federal ni confederal, sino uno en el que las élites políticas autonómicas tienen el privilegio, y la obligación, de gastar. Sin responsabilidad, porque sus ingresos provienen, fundamentalmente, de los impuestos directos e indirectos que recauda la Administración central y que después distribuye en función de dónde se han recaudado los fondos, de la necesidad de garantizar un nivel de servicios mínimos a todos los españoles, sea cual sea la autonomía en la que residan, y de acuerdo con otra serie de variables, que influyen menos, como el número de habitantes, la densidad de población o la situación geográfica. En otra ocasión comentaremos esas otras variables, hoy por hoy en absoluta incertidumbre tras el acuerdo de Rodríguez Zapatero con Artur Mas, el líder de CiU, que se ha trasladado en gran parte al recurrido Estatuto de Cataluña.
Sin embargo, sería injusto no reconocer una de las virtudes de la organización autonómica, en concreto la de la cercanía a los habitantes de la región, mucho mayor que la del estado centralizado, y su consecuencia lógica, poder dirigir el gasto público, en principio, de una forma más eficiente. Desgraciadamente, las posibilidades de esa cercanía se truncan si al frente del Gobierno de la nación figuran personas sectarias, en lugar de hombres de estado. Y, por más que haya diferencias abismales entre la gestión, visión de futuro y patriotismo de unos líderes autonómicos y de otros, la pulsión del gasto, sin responsabilidad en la obtención de los ingresos, termina por afectar a la mayoría de los líderes autonómicos.
2. Las autonomías: centrales de gasto
Las autonomías son centrales de gasto. Una parte de sus ingresos los obtienen con lo que recaudan por los tributos cedidos totalmente por la Administración central: los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el del juego, algunas tasas y otros de menor importancia, como el céntimo sanitario. Pero lo fundamental son los porcentajes de impuestos estatales transferidos.
Incluso las decisiones de la Comunidad de Madrid, suprimiendo los impuestos sobre sucesiones y donaciones y rebajando un punto el IRPF, significan un sacrificio tributario menor frente a los ingresos y gastos totales de la autonomía madrileña. Concretamente, en Madrid, el sacrificio tributario de esas medidas supone, en frío, alrededor de 500 millones de euros anuales. En frío, porque el incremento de donaciones y las sucesiones, a precios de mercado, compensan, en una pequeña parte, ese sacrificio fiscal. La Comunidad de Madrid gasta al año en torno a los 18.000 millones de euros. En 2007, los ingresos totales de la autonomía madrileña aumentarán casi un 10% sobre los de 2006; en total, más de 1.650 millones de euros. Y el gasto aumentará en esa misma cuantía. Y Madrid es la más virtuosa de las autonomías, porque invierte en infraestructuras, educación y sanidad –por el crecimiento de la población inmigrante– mucho más que Cataluña, el País Vasco o Andalucía.
En Cataluña, por su parte, la nomenklatura gobernante quiere subir los impuestos para gastar más y se queja de la competencia fiscal de Madrid, que es, como hemos visto, mínima. Ridículo, si no fuera trágico. Trágico, porque políticamente todas las autonomías están contribuyendo a romper políticamente España. Trágico, porque el éxito de las políticas autonómicas ocurre en función de su capacidad de gestión, sí, pero medida no por la virtud de cómo y sobre qué se recaudan los impuestos, sino por su capacidad global de gastar, valorando escasamente que el gasto sea el mejor posible. Se juzga el efecto en el voto potencial de la población, no que sea la mejor alternativa económica posible. También valoran los ciudadanos, conscientes de la importancia del gasto autonómico, las relaciones con la Administración central, pues el Gobierno de la nación puede aprobar políticas "nacionales" que supongan gasto público que favorezca a los habitantes de ciertas autonomías frente a otras.
A quien dude de la deriva populista de las autonomías, le animo a leer los programas electorales de los diferentes partidos para las últimas elecciones. Se habla de gasto, de servicios, de inversiones, de compromisos. Pero no de cómo se van a financiar todos esos compromisos.
3. La importancia de no hacer
Las autonomías apenas influyen con sus políticas en el desarrollo de las propias regiones o en el del conjunto de España, pero pueden impedir el desarrollo económico con su intervencionismo. Pueden encarecer el suelo si no lo crean con suficiente agilidad. Pueden alejar a las industrias y limitar el derecho a urbanizar, con la consecuencia de subir el precio de las viviendas con disposiciones medioambientales excesivas o imponiendo un urbanismo de alto coste.
Pueden dificultar la creación de empleo si no permiten la libertad empresarial a la hora de establecerse o impiden la reducción de plantillas, si las empresas se ven obligadas a hacerla por falta de demanda para sus productos. Pueden alterar el funcionamiento normal de los mercados si se corrompen. Pueden encarecer la cesta de la compra si no permiten la libertad comercial, de horarios, y la instalación de grandes superficies por el temor a perder el voto de los pequeños comerciantes.
Pueden dificultar la competencia si obligan a utilizar un idioma diferente del español. Pueden maleducar si no imponen disciplina en las aulas y exigencia en los programas educativos en los colegios. Pueden impedir la excelencia y la inversión en I+D si ponen límites a la apertura de universidades privadas y condicionan sus políticas formativas.
4. La importancia de hacer
Las autonomías pueden, por el contrario, abaratar la mano de obra si invierten lo que deben en infraestructuras, pues las carencias aumentan el coste y el tiempo de transporte entre domicilios y puestos de trabajo y entre las propias empresas. Pueden, y es mucho, evitar errores intervencionistas, como forzar a las cajas de ahorro, que dependen de ellas, a invertir en proyectos en los que los políticos autonómicos tengan intereses políticos o económicos.
Pueden, por otra parte, rebajar impuestos; concretamente, podrían rebajar sustancialmente el tipo de IRPF y suprimir el impuesto sobre el patrimonio, además, por supuesto, del de donaciones y sucesiones, pero es tal el nivel de obligaciones sociales futuras en que están incurriendo ya todas las autonomías, por sus compromisos educativos y sanitarios, que esa vía está cegada para casi todas. En esto la Comunidad de Madrid ha dado un magnífico ejemplo a todas las autonomías, pues ha demostrado que con un sacrificio fiscal pequeño se pueden conseguir magníficos resultados, y es que los impuestos sobre donaciones y sucesiones son especialmente nocivos para el ahorro y la inversión. Como lo es el del patrimonio.
