El atentado del Yemen –"el país de Al Qaeda"–, con la muerte de siete turistas y otros tantos gravemente heridos, no puede sino relacionarse con el alevoso asesinato la semana anterior de seis soldados de la Brigada Paracaidista en Líbano. Simplemente por el hecho de ser las victimas españolas o estar encuadrados en bandera de España. ¿O será por estar nuestro Gobierno cautivo de la utópica "alianza de civilizaciones? ¿O de rodillas o "alobado" frente a las bandas terroristas? Alobado –permítanme la aclaración– es el término utilizado por Camilo Cela para describir el temor ante el lobo que le provoca a lanzarse sobre la aterrorizada víctima.
Cualquiera lo atribuiría a Al Qaeda. Sin embargo el lunes Alonso el ministro de Defensa, en su comparecencia ante el Congreso, atribuyó el coche bomba a "una célula terrorista no libanesa". ¿Por qué no la identificó por su nombre? La banda ya mira a España fijamente y no podemos seguir viviendo en el país de Alicia.
Lo del Líbano ha hecho correr mucha tinta material y digital sobre la naturaleza y condiciones de seguridad de estas misiones tipo oenegé. Aunque nada he leído sobre la actitud del ministro de Defensa responsabilizando de la falta de seguridad de los soldados a mandos superiores del Ejército. De este modo pudiera romper –supongo que por ignorancia– la solidaridad entre los miembros de las Fuerzas Armadas, fundamento de su unidad según las Ordenanzas Militares.
Y esto es más peligroso que la división de los españoles en dos banderías; la que con sus actos está provocando ZP su jefe de partido, éste si conscientemente. Lo nefasto es que esta política coincide con una delicada crisis nacional y teniendo enfrente un claro enemigo exterior, como es el fundamentalismo islámico que apunta a nuestro Al Andalus. Hay que atreverse a decirlo para alguien lo remedie, y así lo hago.
Se debate de modo bizantino, hasta el hastío, si era misión de paz o de guerra, presintiendo un nuevo 14 de marzo electoral. Y si nuestros soldados están facultados para defenderse con sus armas en caso de ser atacados, y en qué grado pueden usarlas. Se les dota de vehículos sobre ruedas BRM –simplemente blindados con placa de aluminio y acero– creyendo evitar así la imagen bélica, de carro de combate, de los bien armados Pizarro, que son vehículos acorazados y sobre cadenas. Y con la misma infantilidad se ordena enfundar para que no sea vea su ametralladora del parco calibre 7,92 milímetros. Todo a cargo de muchachos –y no pocas muchachas– de 18 a 20 años, eso sí, de valor acreditado porque estar allí, en tales condiciones, es por si sólo un gesto de valor. "Era un crío", se oía a los padres en los funerales.
Pero ¿habrán atentado a nuestros soldados precisamente por carecer de inhibidores de explosión? El ministro Alonso ha culpado públicamente de esta carencia al Estado Mayor del Ejército. Provocando por primera vez en España que su jefe haya salido de la mudez –impuesta a los militares– replicando a su ministro. Lo que faltó –dijo– fue dinero para comprarlos.
Siendo ello grave en una administración pública proclive a usar sin control fondos reservados, más funesto ha sido el quebranto por el ministro del principio militar que impide echar la culpa "a los de abajo". Entre militares es esencial que los jefes, en casos graves, asuman la responsabilidad de sus subordinados además de la propia. Se trata de una responsabilidad jurídicamente objetiva; es decir, haya o no culpa directa y sólo por el hecho de producir el entuerto o grave daño el personal a su mando.
Lo impone el artículo setenta y nueve de las vigentes Ordenanzas Militares: "La responsabilidad por el ejercicio del mando militar no es renunciable ni compatible. En su desempeño nadie podrá excusarse con la omisión o descuido de sus subordinados en todo lo que pueda y deba vigilar por sí, en inteligencia de que sólo a él se hará cargo de la decisión que adopte". Y Alonso ejerce un mando militar aunque él sea un civil o "paisano" en término castrense.
No debería el ministro trasladar la responsabilidad a los jefes del Ejército sino asumirla como propia si desea que le sigan y obedezcan. ¿No será que, aunque socialista, no comprende el concepto de "compañerismo" en su faceta militar? Estuvo como vocal en el Consejo General del Poder Judicial pero no a propuesta de sus colegas jueces –ni siquiera de los progresistas– sino por el turno de "juristas de reconocido prestigio". El suyo era haber sido compañero de pupitre de Zapatero en el cole de León.
En términos de responsabilidad a Alonso le pasa como a Zapatero. Al final los malos son siempre otros. O la oposición a la que, como es usual, se ha inculpado de lo del Líbano ignorando que en tiempos de Aznar las tropas desplazadas a Irak ya dispusieron de inhibidores. Su lema es el antiguo cuartelero del "pregunten al maestro armero".
En todo caso ¿como puede Alonso tratar de las solicitudes de seguridad que elevan sus mandos militares cuando éstos no pueden hablar públicamente, ni quejarse, ni asociarse para reclamar? Siguen careciendo de ley reguladora de sus derechos y obligaciones prometida en el programa del PSOE. El ministro puede cesarlos gubernativamente sin posibilidad práctica de defensa. Este expeditivo método, además de privarles de una parte sustancial de su parca retribución, les presenta ante la sociedad como gente incumplidora de sus deberes. ¿Contribuye este trato a darles la moral necesaria para defendernos de la amenaza que viene de oriente?
