Una primicia. El jueves de la pasada semana, en un reservado en el madrileño Paradis, en Marqués de Cubas, se reunían a almorzar atún rojo el peneuvista Erkeroka y los socialistas Blanco, Alonso y López Garrido. Los nacionalistas vascos han sacado al PSOE todo lo que llevaban en cartera. Los socialistas, de momento, nada. O quizás sí: castigar a Bono al mismo tiempo que garantizarse el apoyo a la investidura de la próxima semana.
A los socialistas les da igual que el PNV siga en los parámetros de Estella, y que con su voto de Mondragón se sitúen en el extremo de una cuerda que conduce a ETA. Habrá ahora que preguntar a la hija de Isaías, tan dispuesta en su día con los intereses de Zapatero, qué piensa de todo esto.
Pero no es por ahí por donde quiero tejer mi artículo de hoy. Me vale para señalar cuál es la prioridad de los socialistas en este momento. La clase política está entretenida desde hace medio año en sus quehaceres propios (elecciones, constitución de las Cortes, investidura y conformación de los equipos de gobierno y oposición), mientras la economía se derrama en un torbellino de malas noticias.
Convendría comparar la capacidad de reacción de las autoridades norteamericanas, también en campaña electoral, con las españolas para darnos cuenta de la diferencia tan grande que existe entre ambos países a la hora de abordar algo tan importante como es una crisis económica.
Allí no se ha negado nunca la existencia de una crisis, por más que eso convenga al partido gobernante, ni se ha llamado antipatriota a quienes han dicho cosas tan graves como que atraviesan el peor periodo económico desde la Segunda Guerra Mundial (Greenspan, por ejemplo). Pero tampoco se ha dejado un instante de tomar toda suerte de medidas anticrisis, algunas de profundo calado reformista y verdaderamente estructurales.
Los graves problemas en España nos colocan en el precipicio de un auténtico tsunami. El incremento sostenido del paro, el rebrote de altas cotas de inflación, el gigantesco desequilibrio de nuestra balanza exterior (por encima ya del 10% del PIB), la segura reducción de los ingresos fiscales y la honda crisis del sector inmobiliario configuran un panorama ciertamente desolador que no ha llevado al ministro de Economía ni siquiera a modificar las previsiones macro de los Presupuestos Generales del Estado. Mucho menos a tomar decisiones con las que afrontar la actual situación.
En los próximos meses vamos a conocer también algún que otro pinchazo estrepitoso de cajas de ahorros que, lastradas por un balance insostenible, tendrán que fusionarse por mandato imperativo del Banco de España con otras en situación mejor, lo que supondrá una nueva quiebra en la confianza civil en nuestro sistema financiero.
Este es un escenario que todos conocemos desde hace meses. Cualquiera que repase alguno de mis artículos en Libertad Digital comprobará que yo mismo, como observador lejano de nuestra economía, he tratado asuntos que posteriormente y por desgracia han ido confirmándose por vía oficial.
Por tanto, es fácil adivinar que tanto el Gobierno como el PSOE tenían información sobrada desde hace muchos meses, desde hace incluso un año, de lo que se nos avecinaba. Pero a pesar de todo tomaron dos decisiones: la primera, no anticipar las elecciones a octubre, lo que hubiera permitido tener un Gobierno constituido y en funcionamiento para cuando la crisis diera la cara con contundencia. La segunda, negar con rotundidad la crisis y no hacer nada hasta que no pasaran las elecciones y se formara nuevo gobierno, es decir, hasta mayo.
Y el PP, como de costumbre, en Babia. Todavía incluso.
