L D (EFE) La Sala ha abierto pieza separada de medidas cautelares, dada la petición del colectivo de funcionarios de suspender el acto administrativo del Consejo del Gobierno Vasco, en tanto se resuelva el recurso contra la propuesta Ibarretxe. La Sala ha fijado un plazo al Gobierno de Vitoria para que "alegue lo que estime pertinente", tras el cual resolverá si suspende o no el acto de aprobación, el pasado 25 de octubre, de la propuesta de nuevo Estatuto por el Consejo del Gobierno Vasco.
La resolución judicial del TSJPV exige al Gobierno de Ibarretxe que presente en cinco días el expediente y los informes sobre los que ha basado la aprobación de la citada propuesta de nuevo Estatuto para el País Vasco. Según informaron a EFE fuentes del Alto Tribunal Vasco, la admisión a trámite del recurso del colectivo "Manos Limpias" es "coherente" con la admisión a trámite el pasado 13 de noviembre del recurso de la Diputación de Álava "contra idéntico acto administrativo", según reza en la propia resolución judicial. El Tribunal se considera competente para resolver ambos recursos en base al artículo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Además de estos recursos, está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional que deberá resolver, previsiblemente antes de fin de año, la impugnación del Gobierno contra la tramitación parlamentaria de esta propuesta.
La resolución judicial del TSJPV exige al Gobierno de Ibarretxe que presente en cinco días el expediente y los informes sobre los que ha basado la aprobación de la citada propuesta de nuevo Estatuto para el País Vasco. Según informaron a EFE fuentes del Alto Tribunal Vasco, la admisión a trámite del recurso del colectivo "Manos Limpias" es "coherente" con la admisión a trámite el pasado 13 de noviembre del recurso de la Diputación de Álava "contra idéntico acto administrativo", según reza en la propia resolución judicial. El Tribunal se considera competente para resolver ambos recursos en base al artículo I del Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Además de estos recursos, está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional que deberá resolver, previsiblemente antes de fin de año, la impugnación del Gobierno contra la tramitación parlamentaria de esta propuesta.