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Izar presenta una reestructuración laboral que costará a la Administración 459 millones de euros

La dirección de los astilleros públicos Izar ha presentado este mediodía en el registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado con los sindicatos para 4.028 trabajadores, de una plantilla total de 10.661 personas. El coste para la administración será de 459 millones de euros.

LD (EFE) Según informaron fuentes del Ministerio, la Dirección General de Trabajo tiene de plazo quince días naturales, a partir de este miércoles, para dar el visto bueno al ERE. Sin embargo, ese plazo podría reducirse ya que el ERE ha sido acordado por las dos partes y el Consejo de Ministros autorizó el pasado 4 de febrero el plan laboral de Izar, que tendrá un coste de 459 millones de euros para la Administración.
 
La reducción del plazo de quince días en el que debe pronunciarse la Dirección General de Trabajo ya ha sido solicitada tanto por la empresa como por los sindicatos. Según ha explicado el responsable de política sindical de la Federación estatal del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Carlos Romero, si el plazo es menor se facilitará a la empresa el que cuanto antes acometa su reorganización y se despejará la incertidumbre de los trabajadores sobre la fecha en que deberán salir de la empresa.

Según el ERE, las prejubilaciones se reparten de la siguiente manera entre los once trabajos que tiene Izar en toda España: Fene (704 trabajadores), Ferrol (701), Puerto Real (622), Sestao (578), Cartagena (373), Gijón (222), Cádiz Reparaciones (207), San Fernando (203), Manises (173), Sevilla (144) y Madrid (101).
 
Breve historia de Izar

Izar fue presentada el 19 de diciembre de 2000, tras la fusión entre Bazán y Astilleros Españoles, como el décimo grupo de construcción naval mundial. Sin embargo, los precios y la calidad de Izar no son competitivos y los encargos cada vez son menos. En 2003 -año que se cierra con pérdidas de 30 millones de euros- comenzaron las protestas de los trabajadores ante la falta de carga de trabajo.

A estas protestas se sumó la decisión de la Comisión Europea que obligó a Izar a devolver unos 1.100 millones de euros en concepto de ayudas ilegales, lo que obligó al Gobierno a crear el 13 de mayo de 2004 una Comisión Interministerial para solucionar el futuro de Izar, puesto que su reintegro supone la disolución de la empresa.

El 30 de julio el Gobierno autorizó a los astilleros públicos a separar en distintas empresas la construcción naval militar de la civil y el pasado miércoles se presentó oficialmente Navantia, la nueva empresa pública española de construcción naval militar, cuyo objetivo de facturación anual será de en torno a 1.400 millones de euros, según anunció su presidente Juan Pedro Gómez Jaén. Esa facturación supera en 300 millones de euros la cifra de negocio de los centros que ahora integran Navantia (Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Madrid) en 2004.

Lo que todavía no se ha decidido es la entrada de capital privado en los centros civiles (de Sestao, Gijón, Manises y Sevilla), a pesar de que la disolución de Izar está prevista para el próximo 18 de marzo, día en que se ha convocado Junta General.

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