L D (Europa Press) Julián Lanzarote, que se reunió este jueves con los representantes de los colectivos firmantes a favor de la unidad del Archivo, dijo que el Ayuntamiento ha tomado esta decisión ya que en el año 95 la manifestación resultó ser la medida "más efectiva" para que el Gobierno de Felipe González reconsiderara su posición de devolver parte de los legajos del centro documental a la Generalidad de Cataluña.
Lanzarote señaló que "vamos a hacer un despliegue importante de aquí hasta el 4 de junio", y precisó que solicitarán los permisos oportunos a las autoridades competentes para la manifestación y añadió que "lamentablemente" en esta ocasión no estarán todos los que estuvieron en el año 95, en referencia a los socialistas, aunque matizó que "a veces es mejor estar solo que mal acompañado". La noticia fue recibida entre reiterados aplausos entre las cerca de 100 personas que se dieron cita en el Ayuntamiento de Salamanca y que representan a los colectivos y entidades que han firmado el manifiesto a favor de la unidad del Archivo.
Vulnerado el dictamen emitido por la Comisión de Expertos
Por otra parte, el alcalde dio cuenta de un informe, atribuido al ex director del Archivo y miembro de la Comisión de Expertos que dirimió sobre el futuro del centro, Antonio González Quintana, en el que se asegura que se ha "vulnerado completamente" el espíritu y la letra del dictamen emitido por la comisión. El informe expone que de aprobarse el proyecto de ley, en los términos actuales, supondría la salida, a medio plazo, de unas 8.000 cajas, con unos cuatro millones de documentos, del Colegio de San Ambrosio, edificio que alberga el centro documental.
Entre las consecuencias inmediatas, destaca que saldría de San Ambrosio de unas 2.500 cajas archivadoras, la "paralización" del trabajo de búsquedas de antecedentes para las víctimas de la represión que solicitan certificados en los fondos afectados al iniciarse los trabajos de identificación de las procedencias de documentos incautados en Barcelona y Lérida.
Asimismo, denuncia que se paralizarían los programas y trabajos de microfilmación y digitalización actualmente en curso del Archivo así como la supresión de los servicios de atención a los investigadores y usuarios en general al tener que afrontar en tres meses la reproducción del contenido de unas 2.000 cajas archivadoras, un millón de documentos aproximadamente. Según Lanzarote, el informe también denuncia lo que desde el Ayuntamiento de Salamanca se dijo desde un principio y es que nadie podría negar la devolución de cualquier petición formulada en base a idénticos criterios. Asimismo, explicó que el informe ya está en manos de muchos archiveros de España que los están analizando porque, entre otras cosas, "corren el riesgo" de que su trabajo se vea en peligro en el caso de que se apruebe tal y como está el proyecto de ley.
Medidas legales por la unidad
Por otra parte, el alcalde dio cuenta de las últimas medidas legales llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Salamanca sobre el Archivo y que consisten en una demanda civil contra el Gobierno de la nación con el objeto de "tutelar" los fondos documentales.
Para explicar las particularidades de la demanda, el alcalde se apoyó en el asesor jurídico del Ayuntamiento, José María Benavente, quien aclaró las dudas en torno a la iniciativa planteada por el Consistorio salmantino. Lanzarote señaló que el Ayuntamiento ha tomado esta medida para "nadie nos pueda achacar que no hicimos nada", dijo, a la hora de defender la unidad del Archivo General de la Guerra Civil