L D (EFE) La disolución de Izar, que ha sido acordada hoy por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Junta de Izar, es el último episodio en un sector en constante reestructuración durante los últimos 20 años y tiene como causa inmediata la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas en 1999 y 2000, consideradas ilegales por la Comisión Europea (CE).
Desde 1984 los astilleros públicos españoles militares y civiles han recortado sus plantillas desde los más de 39.000 trabajadores al comienzo de la reconversión a los 6.600, aproximadamente, que quedarán después de la aplicación del actual reajuste laboral. El nacimiento de Izar se remonta a julio de 2000, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de los astilleros públicos, acordó la fusión de los las sociedades de construcción civil (AESA) y militar (Bazán) en una nueva compañía.
En diciembre del mismo año fue presentado el plan industrial de la nueva empresa, que preveía un incremento de la facturación del orden del 10 por ciento anual, hasta alcanzar los 1.800 millones de euros en 2005, ejercicio en el que Izar debería lograr un beneficio de 28,2 millones. Sin embargo, la compañía nunca entró en beneficios y se encontró con grandes dificultades para conseguir nueva carga de trabajo. En 2003 registró unas pérdidas de 30 millones de euros y no cerró ningún contrato civil, salvo un pedido para la construcción de dos buques de transporte de gas que rechazó porque, de aceptarlo, le habría causado unas pérdidas de 120 millones de euros.
La intención de los responsables de la SEPI fue poner en marcha un proceso de colaboración con los países de la UE para crear una gran industria naval europea, según declaró el entonces presidente de la sociedad estatal, Pedro Ferreras, en la presentación del plan industrial de la compañía. La situación laboral en Izar se complicó en el otoño de 2003 y los primeros meses de 2004 por el desacuerdo en la negociación del convenio colectivo entre la empresa y los sindicatos, que además demandaban mayor carga de trabajo en los astilleros públicos. En este contexto, el expediente abierto en mayo por la CE reclamando a Izar la devolución de 308 millones de euros de ayudas ilegales supuso el principio del fin del proyecto iniciado en 2000.
A este primer expediente se sumaron nuevas reclamaciones de las autoridades europeas que elevaron la cifra de las ayudas a devolver hasta 1.250 millones de euros, una suma cuyo reconocimiento contable obligó a Izar a entrar en disolución al cierre de las cuentas de 2004. El nuevo Gobierno comenzó a trabajar en la búsqueda de soluciones el 13 de mayo de 2004, mediante la creación de una comisión interministerial, y el 30 de julio autorizó la segregación de la rama dedicada a la construcción militar, para crear con estos activos una nueva sociedad. El 19 de diciembre, la SEPI y los sindicatos mayoritarios -CC.OO., UGT y USPG- firmaron una acuerdo que incluyó un reajuste laboral mediante prejubilaciones y bajas incentivadas para cerca de 4.000 empleados, la separación de las actividades civil y militar y la disolución de Izar para conseguir viabilidad futura para los astilleros.
Al día siguiente, la SEPI autorizó a Izar a traspasar a una nueva sociedad, denominada temporalmente New Izar, los centros de Ferrol, Fene, Cartagena, San Fernando y Cádiz, para dedicarlos a la construcción militar, aunque también podrán realizar actividades civiles si su importe no supera el 20 por ciento de la facturación. Tras la aprobación en enero del plan para los astilleros españoles por parte de la CE, el pasado 3 de marzo se creó la nueva sociedad de construcción naval militar, Navantia, que se ha marcado como objetivo una facturación de 1.400 millones de euros anuales. En cuanto al reajuste laboral, el Ministerio de Trabajo aprobó el pasado día 16 de marzo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los astilleros públicos, civiles y militares, que afecta al 37 por ciento de la plantilla, 3.983 trabajadores de un total de 10.661.
Desde 1984 los astilleros públicos españoles militares y civiles han recortado sus plantillas desde los más de 39.000 trabajadores al comienzo de la reconversión a los 6.600, aproximadamente, que quedarán después de la aplicación del actual reajuste laboral. El nacimiento de Izar se remonta a julio de 2000, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de los astilleros públicos, acordó la fusión de los las sociedades de construcción civil (AESA) y militar (Bazán) en una nueva compañía.
En diciembre del mismo año fue presentado el plan industrial de la nueva empresa, que preveía un incremento de la facturación del orden del 10 por ciento anual, hasta alcanzar los 1.800 millones de euros en 2005, ejercicio en el que Izar debería lograr un beneficio de 28,2 millones. Sin embargo, la compañía nunca entró en beneficios y se encontró con grandes dificultades para conseguir nueva carga de trabajo. En 2003 registró unas pérdidas de 30 millones de euros y no cerró ningún contrato civil, salvo un pedido para la construcción de dos buques de transporte de gas que rechazó porque, de aceptarlo, le habría causado unas pérdidas de 120 millones de euros.
La intención de los responsables de la SEPI fue poner en marcha un proceso de colaboración con los países de la UE para crear una gran industria naval europea, según declaró el entonces presidente de la sociedad estatal, Pedro Ferreras, en la presentación del plan industrial de la compañía. La situación laboral en Izar se complicó en el otoño de 2003 y los primeros meses de 2004 por el desacuerdo en la negociación del convenio colectivo entre la empresa y los sindicatos, que además demandaban mayor carga de trabajo en los astilleros públicos. En este contexto, el expediente abierto en mayo por la CE reclamando a Izar la devolución de 308 millones de euros de ayudas ilegales supuso el principio del fin del proyecto iniciado en 2000.
A este primer expediente se sumaron nuevas reclamaciones de las autoridades europeas que elevaron la cifra de las ayudas a devolver hasta 1.250 millones de euros, una suma cuyo reconocimiento contable obligó a Izar a entrar en disolución al cierre de las cuentas de 2004. El nuevo Gobierno comenzó a trabajar en la búsqueda de soluciones el 13 de mayo de 2004, mediante la creación de una comisión interministerial, y el 30 de julio autorizó la segregación de la rama dedicada a la construcción militar, para crear con estos activos una nueva sociedad. El 19 de diciembre, la SEPI y los sindicatos mayoritarios -CC.OO., UGT y USPG- firmaron una acuerdo que incluyó un reajuste laboral mediante prejubilaciones y bajas incentivadas para cerca de 4.000 empleados, la separación de las actividades civil y militar y la disolución de Izar para conseguir viabilidad futura para los astilleros.
Al día siguiente, la SEPI autorizó a Izar a traspasar a una nueva sociedad, denominada temporalmente New Izar, los centros de Ferrol, Fene, Cartagena, San Fernando y Cádiz, para dedicarlos a la construcción militar, aunque también podrán realizar actividades civiles si su importe no supera el 20 por ciento de la facturación. Tras la aprobación en enero del plan para los astilleros españoles por parte de la CE, el pasado 3 de marzo se creó la nueva sociedad de construcción naval militar, Navantia, que se ha marcado como objetivo una facturación de 1.400 millones de euros anuales. En cuanto al reajuste laboral, el Ministerio de Trabajo aprobó el pasado día 16 de marzo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los astilleros públicos, civiles y militares, que afecta al 37 por ciento de la plantilla, 3.983 trabajadores de un total de 10.661.