La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid ha concluido sin aprobar dictamen político alguno y sin que los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios hayan variado las convicciones que ya manifestaron con anterioridad al inicio de las sesiones.
Desde el primer momento el PSOE trató de utilizar esta comisión como un intento de implicar al PP en unas deserciones que no tenían otro origen que el incumplimiento por parte del candidato socialista, Rafael Simancas, de los acuerdos alcanzados entre las distintas facciones de la Federación Socialista Madrileña. En lugar de asumir sus responsabilidades en la elección de sus diputados, la dirección socialista emprendió una fuga hacia adelante en la que trató de explicar las deserciones de Tamayo y Saez como el resultado de una trama político-inmobiliaria instigada por el PP. Tras el fracaso cosechado en su intento de judicializar esta inexistente trama —por dos veces el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a admitir a trámite sus querellas—, los socialistas han sido también incapaces de salpicar políticamente al PP concretando o aportando un solo dato que avalara sus tesis en la comisión de marras.
Lo que si se ha concretado en este tiempo en que ha estado en funciones la comisión de la Asamblea madrileña —si bien es cierto que no por sus labores de investigación— son los intereses inmobiliarios que guiaban y enfrentaban a las diferentes facciones de la Federación Socialista Madrileña. La salida a la luz de los acuerdos preelectorales de Simancas con la gestora Agecovi —próxima a la facción socialista de los Mamblonas y a IU— se sumaba a las ya conocidas y enormes parcelas de poder político que el candidato socialista estaba dispuesto a entregar a Izquierda Unida con tal de llegar a la presidencia madrileña. Todo ello venía a confirmar aun más la tesis de que las deserciones no eran más que el estallido de unas luchas internas en el seno de la Federación Socialista Madrileña.
El PSOE no sólo no ha logrado, pues, en todo este tiempo implicar con prueba alguna al PP, sino que además no ha podido evitar que los ciudadanos supieran —gracias prácticamente a la labor de Libertad Digital y del semanario Época— que los socialistas en su estrategia no dudaron en someter a espionaje telefónico al Partido Popular. Si es vergonzoso que los socialistas trataran de sustentar su intento de contaminación con listas de llamadas obtenidas de forma ilícita —que además no probaban nada— mucho más lo es que muchos medios de comunicación no sólo no lo denunciaran sino que prestaran su complicidad a esas filtraciones y difusiones ilegales.
Para concluir y para colmo de lo malparado que ha salido el PSOE en este tiempo, destacados dirigentes socialistas como la ex ministra Cristina Alberdi o el presidente de Castilla La Mancha, José Bono, han salido a la palestra para distanciarse de este intento de implicar al PP y han hecho un llamamiento a sus compañeros de partido para que asuman sus propias responsabilidades. Pero el PSOE, al dictado de PRISA, no tenía con esta comisión por objetivo más que eludirlas y ganar tiempo para contaminar al PP.
A dos meses de unas ya improrrogables elecciones, los socialistas tienen todos los boletos para demostrar que han perdido algo más que tiempo.
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