El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un auto en el que establece un plazo de dos meses para que la Consejería de Enseñanza de la Generalidad establezca las medidas necesarias para incluir el castellano "como lengua vehicular" en el sistema educativo, ha informado este viernes el tribunal.
En concreto, el TSJC estima que la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece el castellano "como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto al catalán", por lo que pide a la Consejería que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento y que informe de las mismas.
Sobre esta resolución cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días, después de que el auto fuera acordado el 28 de julio –el mes de agosto está considerado inhábil–.
El auto adoptado coincide con las sentencias del Tribunal Supremo (TS) del pasado mes de mayo en las que daba la razón a dos familias catalanas que reclamaban su derecho a la escolarización en castellano, representadas por Convivencia Cívica Catalana (CCC).
La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, recordó entonces que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto en el que recordaba que el castellano debe ser también lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, le permite al gobierno autonómico determinar la proporción de uso de cada idioma en las aulas.
La justificación de la Generalidad: es necesario seguir igual
El auto del TSJC dado a conocer este viernes señala que el 22 de junio ya acordó requerir a la Consejería de Enseñanza una explicación sobre las "concretas medidas" adoptadas tras las sentencias del TS, respuesta que se produjo el 13 de julio con la aportación de datos estadísticos acerca del modelo lingüístico de enseñanza en Cataluña.
La justificación de la Generalidad apunta a que para garantizar la exigencia legal de pleno dominio de las dos lenguas al finalizar la enseñanza obligatoria es necesario continuar con el actual modelo, si bien el TSJC considera que este escrito "resulta insuficiente" y obliga de nuevo al ejecutivo catalán a adoptar medidas concretas en un plazo de dos meses.