Lo detuvieron, junto con otro de sus compañeros, el pasado 4 de octubre por ser uno de los presuntos secuestradores del pesquero español Alakrana en aguas del océano Índico y desde entonces, el lío judicial en torno al joven somalí Cabdiweli Cabdullahi "Abdu Willy", conocido como Willy el pirata, va en aumento.
Las dudas sobre su mayoría de edad sembraron el caos en un proceso judicial de por sí complejo. En primer lugar, porque en la legislación española el delito contra la piratería no está contemplado como tal. De hecho, la reforma del Código Penal, pendiente de recibir la luz verde del Congreso, tipificará el delito y cubrirá ese vacío legal. Está previsto que la piratería se castigue con penas de prisión de diez a quince años.
La Audiencia, ¿competente?
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (en sustitución del titular de juzgado Número 1 de instrucción, Santiago Pedraz) pidió su extradición a España amparándose en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que daría competencia a la jurisdicción española para procesar a los delincuentes que acometen delitos de asociación ilícita.
Dicho artículo señala que la Audiencia es competente para juzgar “delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles”. El magistrado justificó la competencia española con la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 29 de abril de 1958 y con el artículo 105 del Convenio de Montego Bay de 10 de octubre de 1982.
Por ello, los piratas pasaron a disposición judicial el pasado día 13, fecha en la que Garzón ordenó su ingreso en prisión de forma incondicional. Sin embargo, para aquel entonces el lío ya estaba formado. El pirata “Willy” declaró nada más llegar a la sede del tribunal que era menor de edad por lo que la competencia del juzgado quedaba en entredicho.
Dudas sobre la edad
A priori, las pruebas médicas que se le practicaron al joven en el hospital madrileño Gregorio Marañón acreditaron su mayoría de edad o, al menos, así lo entendió el juez Baltasar Garzón. En el auto de envío a prisión, el instructor señaló que la estructura ósea de "Abdu Willy" se corresponde con la de “un tipo de 19 años, y en todo caso, en condiciones normales sin trastornos del crecimiento, mayor de 17”. No obstante, el juez pedía que se le practicasen más pruebas médicas.
Por ello, al pirata se le hicieron nuevos exámenes para concretar sus años. De ese nuevo estudio se encargaron tres forenses de la Audiencia Nacional, quienes afirmaron que no pueden determinar la edad exacta del presunto criminal, sino sólo afirmar que ésta es de 17 años o superior.
A la vista de ese informe, el juez Santiago Pedraz (ya reincorporado a su juzgado) ordenó la inmediata puesta en libertad del detenido en función del principio "in dubio pro reo", es decir, en caso de duda, a favor del preso, "en el sentido de entenderse que el citado es menor de edad".
En su auto,Pedraz decidió trasladar su decisión a la Fiscalía de Menores de la Audiencia "a los efectos oportunos para la valoración de su responsabilidad penal en los hechos objeto de estas actuaciones y para velar por su integridad y los derechos que legalmente se reconocen a los menores".
Ante la posibilidad de que se hiciese cargo un juzgado de menores en vez de la Audiencia (atendiendo a que la competencia sobre el proceso debe recaer sobre el juez de menores del lugar) la Fiscalía de Menores de Madrid dijo que no es competente porque el pirata menor no ha cometido ningún delito en la Comunidad de Madrid.
Al final, la Fiscalía de la Audiencia tuvo que aceptar el caso, acordando el internamiento en un centro de menores de régimen cerrado del pirata somalí. Este internamiento deberá ser ratificado este jueves por el juez central de Menores, José Luis Castro, que ha convocado al efecto una nueva vista a la que asistirá el detenido.
Continúa el caos
No obstante, el miércoles por tarde el caso dio un nuevo giro. A la vista de la última prueba médica "que no tiene margen de error" el pirata es mayor de edad por lo que el procedimiento será devuelto al juzgado que dirige Pedraz, quien podrá revocar su libertad y enviarlo de nuevo a prisión.
No obstante, los acontecimientos del viernes han dado la que hasta ahora es la última vuelta de tuerca de la situación. El juez Pedraz, en contra del criterio de la Fiscalía, ha devuelto el caso al Juzgado de menores, prolongando el esperpento y la sensación de caos judicial. Las declaraciones en El Mundo de los padres del joven pirata, en las que afirman que nació en 1993 y que tiene 16 años, no hacen sino reforzar dicha sensación. Ambos coinciden en que el Gobierno español no ha hecho nada para contactar con ellos y constatar la información que pudieran tener.
De momento, la detención de los dos somalíes, calificada por fuentes judiciales de “prematura”, ha complicado la resolución del secuestro del atunero vasco, ya que el grupo pirata que mantiene secuestrado el barco ha amenazado con tomar represalias si los detenidos no eran puestos en libertad.
Además, la extradición de los criminales también ha servido para corroborar los problemas que tiene la Justicia española en el asunto de la piratería. Duranteel secuestro del Playa de Bakio , el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya protagonizó otra esperpéntica actuación al abrir procedimiento contra los secuestradores detenidos que luego tuvieron que ser puestos en libertad porque la Fiscalía retiró la acusación.