L D (EFE) La ministra de Cultura, Carmen Calvo, convocó al Pleno del Patronato para debatir sobre esta lista, integrada por 18 juristas, historiadores, archiveros e historiadores de reconocido prestigio profesional y que cuenta también con el apoyo de la Generalidad de Cataluña.
El objetivo del comité es emitir un informe técnico-jurídico que permita al Ministerio cumplir antes de fin de año la proposición no de ley aprobada en mayo que insta al Gobierno a resolver el contencioso en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo de Salamanca. El pleno del Patronato acordó convocar a la comisión permanente que propondrá al comité de expertos los plazos y contenidos del asesoramiento que van a llevar a cabo.
El objetivo del comité es emitir un informe técnico-jurídico que permita al Ministerio cumplir antes de fin de año la proposición no de ley aprobada en mayo que insta al Gobierno a resolver el contencioso en relación con la documentación incautada que en la actualidad se halla recogida en el Archivo de Salamanca. El pleno del Patronato acordó convocar a la comisión permanente que propondrá al comité de expertos los plazos y contenidos del asesoramiento que van a llevar a cabo.
En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, informó de que en la sesión presentó otros cinco nombres a esa lista, "que pueden ofrecer neutralidad y garantías", lo que no fue sometido a votación, lo que "es muy lamentable". Aseguró que no se le contestó cómo se llegó al consenso con esos nombres, "contra los que no hay ningún posicionamiento" y valoró su prestigio y conocimiento, pero "hay una evidencia: once de los 17 con votos se han manifestado en diferentes artículos a favor de la salida de documentos" del Archivo, lo que "define cuál va a ser su pronunciamiento".
Castilla y León denuncia que la decisión está "tomada"
Dijo que Castilla y León votó en contra "porque se le ha hurtado los elementos de juicio necesarios para poder valorarla", sin cuestionar el prestigio de las personas de la comisión. Para Clemente, la decisión sobre los papeles de Salamanca "está tomada" y se refirió "a la evidencia de cómo se están desenvolviendo los acontecimientos", que atribuyó "al pacto con los nacionalistas catalanes". Precisó que desde la Junta y para proteger este patrimonio "vamos a seguir luchando con todas las armas políticas y legales", como el Parlamento de Castilla y León o el Senado, ya que "a partir de aquí las peticiones y reivindicaciones pueden ser una cascada interminable".
El rector de la Universidad de Salamanca, Enrique Battaner, apreció que el criterio técnico es el que tiene que prevalecer y las personas elegidas son "de una extraordinaria solvencia" y por ello apoyó la propuesta. A su juicio, España tiene "perfecto derecho" a tener Archivos Nacionales, aunque "hay documentos que son susceptibles de discusión ante reclamación puesta por otras partes" y una comisión técnica "puede perfectamente deslindar uno de lo otro".
El alcalde de Salamanca afirmó "tener muy claro lo que va a pasar: va a haber quien pretenda sacar papeles del Archivo a partir del momento de que la comisión de expertos se pronuncie o la ministra decida", que atribuyó "al pacto político que hipoteca al Gobierno" con el tripartito catalán. Animó a los salmantinos y castellanoleoneses a defender su patrimonio y a "poner muchas dificultades a la salida física de los papeles y yo, como un salmantino más, voy a dedicarme a impedirlo", aunque no concretó esas medidas. Anunció que acudirá "en petición de auxilio" a la UNESCO, ya que Salamanca es ciudad patrimonio de la Humanidad desde 1988 y "vamos a poner en su conocimiento que hay quien pretende expoliar el patrimonio mobiliario".