Ya se ha dicho en estas páginas que a Juan Espadas le crecen los problemas. Su principal problema es el pasado de su partido que es su propia historia real. Ahora, el juez encargado de las macrocausas, Juan Ignacio Vilaplana, ha ordenado el procesamiento de un ex director general de la Junta, cinco exdirectivos de Egmasa, un sindicalista de CCOO y dos responsables de la mediadora Vitalia, implicada de lleno en el caso ERE.
¿Y cómo afecta el caso a Juan Espadas, aún alcalde de Sevilla y aspirante a dirigir el PSOE y a presidir la Junta? Pues que entre 2004 y 2008, en pleno período de irregularidades de Egmasa, empresa escandalosa en manos siempre del PSOE y la UGT, quien la presidió fue precisamente Juan Espadas en su calidad de viceconsejero de Medio Ambiente y formaba parte de su consejo de Administración.
No se ha quedado ahí el juez sino que ha acordado seguir instruyendo diligencias previas que tienen en el punto de mira a la propia Egmasa, Vitalia, la federación de Industria de Comisiones Obreras, la confederación nacional de CCOO y su agrupación regional andaluza para determinar las responsables civiles subsidiarias que pudieran derivarse del uso irregular de casi 22 millones de euros destinados a ayudas para pagar los despidos de 348 trabajadores de Egmasa, que no fueron, presuntamente, ni justas ni equitativas.
Los hechos ocurrieron en el ERE puesto en marcha en la empresa pública Egmasa en 2003. No la presidía entonces Espadas, pero sí lo hizo desde 2004 hasta 2008 cuando se realizaron sistemáticamente los pagos derivados de su expediente. Hasta ese momento, Espadas era Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por lo que su conocimiento del tema está asegurado.
El "pelotazo" de Egmasa y de parte de sus contratados consistió en un ERE que afectó a 373 empleados, finalmente 348, pero les conservaba el 95 del salario neto mensual más un 2 por ciento anual hasta la jubilación. Subraya El Mundo que "todos" los empleados incluidos en el ERE habían trabajado previamente en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar en sus puestos, pasaban a recibir "prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces recolocados en Egmasa".
Recuérdese el extraño caso de la afiliación sindical en Egmasa donde sólo parecía existir un sindicato, la UGT. De hecho, el porcentaje de afiliación a UGT dentro de Egmasa, que tenía más de 5.000 trabajadores en sus mejores años, era del 80 por ciento. El País creía en 2001 que era del 70 por ciento, algo anómalo y muy descarado.
Es decir, que la Junta gobernada por el PSOE reclutó en Egmasa a mayores de 52 años para trabajos como la extinción de incendios para el que no estaban capacitados ni tenían experiencia porque la media de antigüedad en la empresa era de unos cuatro años. Entonces se aprobó el ERE en el que el juez aprecia diversos delitos, como los de malversación y prevaricación. Precisamente, la incapacidad para el trabajo de sofocar incendios fue una causa por las que se promovió el ERE en Egmasa.
El papelón de Espadas en el caso Egmasa es múltiple. Que era un gran conocedor de la empresa se demuestra en el hecho de que formó parte de ella desde sus comienzos y desde ella ascendió a diversos cargos en la consejería de Medio Ambiente hasta conseguir el rango de Viceconsejero y Consejero. Resulta increíble que no conociera las extrañas contrataciones de Egmasa y sus relaciones íntimas con UGT.
Pero es que, además, cuando presidió el consejo de Administración de Egmasa desde 2004 a 2008, conoció por escrito las advertencias de la Intervención General de la Junta sobre el ERE incentivado por la Junta, pero no adoptó medida alguna, a pesar de reprobaba la conducta de la empresa y sus omisiones administrativas.
Súmese que durante los cuatro años de su presidencia en Egmasa se pagaron varios millones de euros que guardaban relación expresa con el ERE aprobado en 2003 por la Junta y que el PP ya pidió en 2016 a la entonces juez encargada del caso, María Núñez Bolaños, que investigara a Juan Espadas y a todo el consejo de administración de Egmasa por razón del discutido ERE. Pero la juez no admitió ni siquiera la declaración de Espadas.
No podía desconocer los escándalos de Egmasa
Además de su conocimiento directo de las circunstancias del ERE por el que se abre proceso a 9 personas, Juan Espadas no podía desconocer un hecho trascendental: que la póliza formalizada por la Junta con Vitalicio Seguros no estaba firmada cuando comenzaron los pagos.
Ni la empresa -en este caso, la Junta de Andalucía- ni ninguno de los beneficiarios había estampado su firma en la póliza. Pero la ausencia de firma en las pólizas era tan manifiestamente irregular que es inexplicable cómo es que, a pesar de su falta, los prejubilados pudieran cobrar durante años.
Tampoco podía desconocer que en el plan de pensiones diseñado para Egmasa se contemplaba la gestión de dos empresas en la que participaban Comisiones Obreras y UGT. Se trataba de Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA y BBV Empleo 19 Fondo de Pensiones, SA.
Tampoco podía desconocer la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización sobre 1998-99, apuntaba las siguientes cosas:
- "De 49 expedientes de personal analizados, no consta el título académico en un 80% de los casos en los que es exigible para el desempeño de los puestos de trabajo".
- "La Compañía no tiene una plantilla orgánica".
- Suelen producirse aumentos de plantilla por encima de lo previsto En 1997, aumentó más de un 30 por ciento y en 1999, más del 15 por ciento.
- "No ha existido un control normalizado y permanente de presencia y asistencia (jornadas, absentismo, horas extraordinarias, etc.) del personal de Ingeniería, Obras y Servicios. En Servicios Centrales, si bien existe el medio de control de entradas y salidas (reloj), éste no fue aplicado de manera continua, confiándose en los responsables directos la vigilancia del cumplimiento de la jornada y del nivel de absentismo. Pese a ello, no existe constancia de los mencionados controles".
No podía desconocer el dedismo sistemático que operaba en Egmasa. Un ejemplo: José María Gallego Manzano, ex alto cargo de Egmasa, era cuñado de Alejandro Talavera Cobo, que fue secretario general de Administración y Finanzas de la FSP de Andalucía de UGT y secretario general de la FSP de Sevilla. Gallego Manzano procedía de la Federación de Espacios Naturales Protegidos, feudo de Gaspar Zarrías.
Otro caso: Francisco Fernández Sevilla, de la Ejecutiva Regional de UGT, también trabajó en Egmasa antes de convertirse en secretario general de UGT Andalucía, cuando fue imputado por el caso de las facturas falsas del sindicato.
Juan Espadas presidía Egmasa cuando ocurrió un caso sangrante de posible favoritismo a favor de UGT. En 2005 se realizó un concurso de promoción interna y traslado para los trabajadores del Infoca en la empresa Egmasa, en la que salió a concurso una plaza de conductor operador autobomba en el Cedefo de Huelma, según CSI-CSIF. El sindicato aseveró que "había dos solicitudes, la del presidente del comité de empresa [de UGT] y la de un conductor del retén de incendios de Huelma".
Finalmente, el concurso se resolvió a favor del primero de ellos, pero con «presuntas evidencias de que la baremación de los aspirantes estaba amañada para favorecer al adjudicatario», lo que motivó que el trabajador perjudicado denunciase el concurso en el juzgado y fue publicado El Mundo el 10 de agosto de 2006.
Tampoco podía ignorar la influencia del famoso condenado del caso ERE, el todopoderoso en su día Gaspar Zarrías, que tenía incluso un sobrino colocado en una gerencia provincial de Egmasa, la de Jaén.
No podía ser ajeno a la operación "compra" de un concejal de IU de Almonte siendo él mismo presidente de Egmasa. Libertad Digital lo contó de este modo: "La Junta ha reconocido al juzgado que instruye el caso ERE que pagó seis veces más de lo que correspondía por incluir a un intruso de Izquierda Unida y Comisiones Obreras en la póliza de prejubilaciones de la Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) en lugar de abonarle la indemnización que le correspondía por despido improcedente. Esto es, lo prejubiló falsamente, le pagó de más y ni siquiera estaba afectado por ERE alguno".
El agraciado se llama Antonio Márquez García, que fue liberado sindical de Comisiones Obreras, al que la dirección de Egmasa, en manos del PSOE, se negó a readmitir cuando en 2004 dejó de estar liberado por su organización… Los que "arreglaron" el tema para que no pasara a mayores fueron los directivos de la empresa María del Mar Espejo Tudela, la gerente de Egmasa, y Antonio del Valle Jiménez, diputado de IU por Huelva así como el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes.
Y así, sucesivamente, se escribió una historia que ahora ensombrece la figura de Juan Espadas.