Casi un mes después de que la polémica orden de precios se pusiera en conocimiento del público, la Consejería de Salud sigue siendo el centro de todas las miradas ante la acusación de que "busca privatizar la sanidad privada". Y es que el pasado 13 de febrero la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, trasladó a los medios una nueva orden de precios máximos para los conciertos sanitarios.
Desde entonces, la Junta ha defendido que el objetivo de este documento no es privatizar la el sistema de salud andaluz, sino que responde a la necesidad de modernizar la orden vigente hasta ahora, aprobada en 1988, durante el Gobierno del socialista José María Rodríguez de la Borbolla.
A pesar de las comparecencias de la Consejera de Salud, Catalina García, en comisión parlamentaria y en el pleno de la Cámara andaluza, la oposición mantiene su postura y asegura que la Junta persigue transformar el modelo sanitario en un sistema mixto, al estilo del de la Comunidad de Madrid. Es más, los grupos a la izquierda del Gobierno ya amenazaban con pedir la dimisión de la consejera si la orden finalmente entraba en vigor; sin embargo, esto no ha frenado a la Junta, que finalmente publicó el pasado jueves en su Boletín Oficial el documento.
Según este texto, la orden tiene como objeto "la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios concertados por el Servicio Andaluz de Salud". Asimismo, precisa que se ve "conveniente" fijar una "tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, por procedimiento", de tal modo que se consiga reducir el coste de "los procedimientos más frecuentemente concertados".
Esta descripción concuerda con el discurso que viene pronunciado la Junta desde hace semanas. El propio portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, insistió desde el inicio de esta polémica que la orden perseguía establecer un marco normativo para que, en el caso que haya que recurrir a la sanidad privada, "lo haremos en precios tasados".
La orden se dio a conocer en julio
Una de las principales reivindicaciones que se hace desde la Junta es que la orden se dio a conocer el pasado 27 de julio, momento en el que se publicó el borrador en el BOJA y se exponía a las aportaciones de la ciudadanía. El documento ya en vigor así lo recoge, especificando que "ha sido objeto del trámite de consulta previa y sometida, durante el procedimiento de elaboración, a los trámites de audiencia e información pública", de forma que se hacía posible la "participación tanto de las organizaciones y entidades implicadas como de la ciudadanía".
No obstante, según pudo detallar la consejera durante su comparecencia en la comisión de Salud, ni partidos ni sindicatos alegaron "al fondo" de su contenido durante el mes que estuvo en periodo de información pública, ya que solo Comisiones Obreras solicitó "lenguaje no sexista", explica Catalina García.