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La justicia sevillana manda a prisión a otros dos acusados del Caso ERE por su relación con un exalto cargo socialista

No han salido a la luz las identificaciones completas de los condenados, pero deberán hacer frente a una sanción de más de 300.000 euros.

Javier Guerrero ayer en la Audiencia de Sevilla. | LD/Agencias

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto unas penas de 22 y 15 meses de prisión para dos acusados en una pieza separada de los ERE por delitos de malversación y prevaricación: Alejandro M. T. y Rafael R. G.. Además, tendrán que hacer frente a una indemnización de 333.072 euros y de 91.196,76 euros, el total que recibieron en concepto de ayudas por su "relación de amistad o vecindad" con el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.

El Tribunal afirma que a la hora de establecer las penas se tuvo en cuenta que su conducta solo buscaba lucrarse a costa de fondos públicos, sin más mérito que la amistad con el alto cargo de la Junta socialista. Así, el tribunal considera que Guerrero aprovechó que tenía a su disposición dinero público de la Junta para beneficiar a cuatro personas a pesar de que no tenía competencia para otorgar las ayudas: los condenados mencionados anteriormente y dos más que fallecieron durante el proceso judicial. Al parecer, los beneficiados estuvieron cobrando dinero público durante años, aun siendo conscientes de que no era legal.

Francisco Javier Guerrero falleció durante el proceso judicial

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos, falleció el 11 de noviembre de 2020 en su domicilio de Sevilla a causa de un infarto.

Guerrero fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

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