L D (EFE) En rueda de prensa, el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, ha informado de que esta normativa permitirá pedir un referendo sobre asuntos de competencia autonómica si así lo reclama el 3% de la población catalana.
Según las cifras del Idescat, Cataluña tenía en 2008 una población de 7.364.078 personas, por lo que para pedir una consulta de este tipo se requeriría actualmente la firma de al menos 220.922 catalanes. El Parlamento catalán deberá aprobar por mayoría absoluta cualquier propuesta de referéndum, pero el Gobierno español, en cumplimiento de la Constitución, tendrá siempre la última palabra y decidirá si autoriza o no la consulta, que no será vinculante.
El gobierno catalán, a propuesta del presidente catalán, una quinta parte de los diputados del Parlamento o bien dos grupos parlamentarios podrán pedir también la convocatoria de un referéndum, lo que implica que CiU, que tiene actualmente 48 escaños, tendrá fuerza al menos para impulsar cualquier tipo de consulta, si bien necesitará mayoría absoluta en el Parlamento para formalizarla.
También podrán pedir un referéndum el 10% de los municipios catalanes (actualmente Cataluña cuenta con 946), que representen al menos a medio millón de habitantes.
Preguntado por si la ley permitirá a Cataluña pedir un referéndum sobre su independencia, ha dicho que se podrán plantear consultas sobre cambios "en el marco legislativo del Estado", pero ha dejado claro que la ley es lo "más ambiciosa" dentro del "marco jurídico actual". También dice que el proyecto de ley no prevé un catálogo de asuntos por los cuales no se pueda preguntar, si bien el texto deja claro que el Estado tiene siempre la última palabra.
Ausàs ha asegurado que la ley promueve el "derecho a decidir" de los catalanes, "que se ejerce cada día" según ha apuntado, y ha dicho que el resultado de la negociación de la financiación puede ser un asunto "susceptible" de consulta, si bien ha matizado que el gobierno todavía no ha definido sobre qué quiere consultar.
También ha comentado, a preguntas de los periodistas, que llegado el caso habrá que "analizar" si se pide una consulta tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.
ERC da un valor especial a la ley, puesto que pese a ser consciente de que el Estado tiene la potestad de vetar consultas, entiende que cada vez que se rechace una se pondrá de manifiesto si lo hace por cuestiones políticas o técnicas.
El proyecto de ley prevé que los referendos no coincidan con la celebración de otros comicios, y que puedan participar en ellos únicamente las personas con derecho a voto en las autonómicas. Pese a no poder votar, los ciudadanos extranjeros empadronados en Cataluña podrán firmar a favor de promover una consulta popular.