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Autores del manifiesto de los 100 rechazan la reforma laboral del Gobierno

Los trece promotores del Manifiesto de los 100 valoran negativamente el documento presentado por el Gobierno a los agentes sociales. Este documento reconoce que el mercado laboral tiene problemas, pero condiciona el proceso de negociación reincidiendo en medidas que se han demostrado ineficaces.

Los economistas concluyen que las ocho líneas de actuación planteadas por el Gobierno están lejos de proporcionar soluciones definitivas a los problemas estructurales del mercado de trabajo español (líneas 2, 6 y 7). Recogen algunas medidas de eficacia dudosa dado el contexto institucional del mismo (líneas 4 y 8) y llamadas de atención a los interlocutores sociales sobre tres de los cuatro puntos fundamentales, ignorando un aspecto crucial como es la mejora del diseño y financiación de las prestaciones por desempleo, en los que debería centrarse la futura reforma laboral (líneas 1, 3 y 5).

 

Los firmantes evalúan todas las líneas de actuación del documento guía. En el blog Nada es Gratis, de Fedea, resumen los principales argumentos del texto.

1. Sobre las actuaciones para reducir la dualidad y la temporalidad del mercado laboral:

  • Al descartar el objetivo fundamental de erradicar la dualidad laboral (contrato temporal vs. contrato indefinido), esta reforma reproducirá básicamente los mismos errores y problemas que las reformas anteriores.
  • Elevar las cotizaciones de los contratos temporales tendrá un impacto negativo sobre la creación de empleo.
  • La ampliación del contrato de fomento resultará mucho menos eficaz para incentivar la contratación indefinida que la implantación de un contrato único con indemnizaciones crecientes con la antigüedad, complementado con un sistema de cotizaciones bonus-malus.
  • Pese a su menor indemnización por despido objetivo improcedente, el contrato indefinido de fomento del empleo no es en esencia diferente del ordinario y por ello no altera el principal factor que desincentiva la contratación indefinida: la escasa flexibilidad externa que ofrece ante cambios económicos, tecnológicos o de organización de las empresas.
  • Fomentar el contrato a tiempo parcial es una medida de dudosa eficacia para combatir el desempleo si no se resuelve antes el problema de la dualidad. Un mayor uso del contrato a tiempo parcial no se traduce necesariamente en una disminución del paro. La idea de que reduciendo el número de horas de trabajo per cápita se puede aumentar el empleo es una de las versiones más habituales de la falacia de la cantidad fija de trabajo.

2. Sobre las actuaciones para favorecer el empleo de los jóvenes:

  • Los programas para favorecer el empleo de los jóvenes no funcionarán por sí solos. Una apuesta decisiva por una formación profesional dual, en línea con la experiencia alemana, que combine simultáneamente la formación reglada en las escuelas con la experiencia laboral en las empresas, resultaría mucho más eficaz que una nueva modificación de los contratos formativos.

3. Sobre las actuaciones para el refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora general de la intermediación laboral:

  • La participación del sector privado se limita a la intermediación laboral, no contemplando la posibilidad de que también pueda contribuir a la mejora de la formación continua y ocupacional, cuya gestión permanecerá monopolizada por los agentes sociales y los SPE. También es necesaria una adaptación del sistema de prestaciones por desempleo con una mayor vinculación a las necesidades de reciclaje y formación de los trabajadores.

4. Sobre las actuaciones para revisar la actual política de bonificaciones a la contratación:

  • Si se reconoce que las bonificaciones a la contratación han sido poco eficaces para fomentar la estabilidad laboral, no se debe recaer en el error de concentrarlas en colectivos específicos, en particular, en los jóvenes.

5. Sobre la negociación colectiva y flexibilidad interna en las empresas:

  • La reforma de la estructura de la negociación colectiva requiere cambios normativos importantes. La experiencia española demuestra que cuando se dejan en manos de los agentes sociales, nunca se producen cambios reales. Sin una modificación de la regulación relativa a aspectos como la eficacia general automática de los convenios colectivos y la aplicación de las cláusulas de descuelgue (o la ultra-actividad de los convenios y su articulación), difícilmente se conseguirán convenios colectivos más adaptables a condiciones cambiantes y más proclives a la flexibilidad interna, tal y como pretende el Gobierno.

6. Sobre las actuaciones para seguir avanzando en la igualdad y no discriminación en el trabajo entre hombres y mujeres y 7. Sobre las actuaciones para la mejora del control de los procesos de incapacidad temporal:

  • Dado el contenido puramente retórico de estas dos líneas de actuación, será necesario esperar a ver si surge algún desarrollo realmente nuevo en la negociación en curso.

8. Sobre actuaciones para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo:

  • Ni es el momento más oportuno para incorporar el modelo alemán de reparto del empleo en España, ni éste será eficaz con el marco laboral actual. Existen serias dudas de que este tipo de iniciativas puedan ser eficaces en una situación como la española, en la que: (a) ya se ha producido un fortísimo ajuste del empleo, (b) es necesario que se avance en una profunda reasignación de empleo, lo que requiere una dinamización de la creación y destrucción de empresas, y (c) donde los convenios de ámbito superior a la empresa impiden que, en muchas pequeñas y medianas empresas, se acometan planes de reestructuración combinando cambios en la reorganización del trabajo con ajustes temporales del empleo –bien sea mediante reducciones de la jornada, bien de la plantilla–.

Los economistas firmantes del documento crítico son: Javier Andrés (Universidad de Valencia), Samuel Bentolila (CEMFI, CEPR y CESifo), Antonio Cabrales (Universidad Carlos III y CEPR), Sara de la Rica (Universidad del País Vasco, Fedea, CReAM e IZA), Juan José Dolado (Universidad Carlos III, CEPR e IZA), Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo, Fedea y CEPR), José Ignacio García Pérez (Universidad Pablo de Olavide, FCEA y Fedea), Luis Garicano (London School of Economics, Fedea y CEPR), Maia Güell (University of Edimburgh y Universitat Pompeu Fabra, CEP‐LSE, CEPR e IZA), Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid e IZA), Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra y Fedea), Julián Messina (Universitat de Girona, Fedea e IZA) y Pablo Vázquez (Universidad Complutense y Fedea).

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