La decisión del gobierno federal norteamericano de cerrar el almacén virtual de archivos Megaupload y detener a sus propietarios y directivos bien podría haberse adoptado en España si nuestra judicatura todavía albergara la figura del juez estrella, que es lo peor que puede decirse de una decisión judicial en términos de respeto a las libertades y derechos de los ciudadanos.
Bajo la acusación de que determinados clientes de esa web podrían haber vulnerado los derechos de propiedad intelectual e industrial de las grandes empresas norteamericanas de entretenimiento, se ha perjudicado gravemente a todos los usuarios de ese sitio virtual, sin discriminar entre los que pueden ser sospechosos de cometer ese delito o aquellos que simplemente utilizan ese servicio para almacenar o compartir legítimamente datos y archivos de su propiedad.
Es de esperar que la administración Obama, en aras de la igualdad de todos ciudadanos ante la ley, cierre inmediatamente cualquier gran banco norteamericano y procese a sus rectores ante la sospecha de que algunas cajas de seguridad de sus sucursales puedan estar utilizándose para guardar objetos de dudosa procedencia. O a los propietarios de edificios de oficinas, en caso de que se demuestre que alguna empresa arrendataria ha utilizado su local alquilado para cometer delitos de estafa o fraude fiscal.
Las comparaciones pueden resultar odiosas pero también son muy didácticas, porque si una persona no puede ser acusada del delito cometido por otros a los que a cambio de una contraprestación ha cedido el uso de su propiedad, mucho menos debería sufrir las consecuencias de las acciones ajenas en un sector tan dinámico como internet, cuya razón de ser, precisamente, es facilitar a todos sus usuarios la posibilidad de compartir información y cultura.
Lo más patético de este atentado contra los derechos de los usuarios de la red es que el esfuerzo va a resultar perfectamente inútil. Con dos mil millones de usuarios repartidos por todo el mundo, la pretensión de controlar un medio virtualmente infinito como la red de redes aplicando leyes de comienzos del siglo pasado, es como intentar vaciar un lago utilizando un cubo sin fondo, por más que se retuerza el espíritu de esos códigos veteroreglamentarios a despecho de bienes superiores que el estado debería proteger como son los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad en las comunicaciones de todos los ciudadanos.
De lo segundo, nuestro juez estrella sabe un rato. En cuanto acabe su triste periplo por los banquillos igual acaba de asesor de Obama.