La Confederación de Empresarios de Tenerife (CEOE) solicita eliminar los "obstáculos burocráticos" para impulsar la inversión y mejorar la competitividad, pues consideran que el exceso de regulaciones y cargas administrativas supone barreras para las empresas y una mala gestión de los recursos públicos.
En un comunicado, la patronal plantea "modernizar, racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos con el fin último de reducir trámites y eliminar cargas burocráticas superfluas". Entre las propuestas plantean incluir el silencio administrativo positivo, hacer "mayor uso" de la declaración responsable y eliminar la obligación de aportar documentos que ya obran en poder de la administración.
Estas propuestas, buscan modernizar los procedimientos administrativos, contribuir a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y mejorar la relación entre las empresas y la administración. Con el objetivo de llevar a cabo estas medidas y aunar esfuerzos para fortalecer el entorno empresarial en España, CEOE y CEPYME han suscrito un convenio de colaboración con la Administración General del Estado y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Esta "colaboración estratégica" refleja el compromiso conjunto por generar un entorno empresarial eficiente y dinámico, que busca aliviar a las empresas de cargas innecesarias, promover el desarrollo económico sostenible y estimular la inversión en el país. En esa línea señalan que el marco jurídico de España se caracteriza por "complejidad" y "elevada densidad normativa", lo que en muchas ocasiones supone limitaciones para la actividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos.
En su opinión, eso supone un "grave perjuicio" para la competitividad del tejido productivo, dado que las empresas deben emplear recursos y tiempo en cumplir con todos los trámites administrativos y son un "obstáculo añadido" para las personas en su interacción con la administración pública.
Descenso del 82,9% pese a las bonificaciones
Las comunidades autónomas son responsables del 80,8% de las páginas publicadas en los boletines oficiales, lo que afecta a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica, apunta la patronal, que señala que en el caso de Canarias se publicaron en 2022 un total de 57.670 páginas, el 5,4% de las publicadas por todas las comunidades autónomas. Además, las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las islas ascendieron a 27, el 8% de las del total del Estado.
Por ello, la CEOE tinerfeña alerta de que la burocracia "frena" proyectos de inversión, hecho que demuestra que en el primer semestre de 2023 se registró un total de 37,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 82,9% respecto al año anterior y pese a las bonificaciones incluidas en la Zona Especial Canaria (ZEC).
"Debemos conseguir una regulación que se caracterice por su eficacia, su proporcionalidad y su racionalización, pero también por su eficiencia, eliminando las dificultades a las que se enfrentan los agentes sociales y económicos en su actividad diaria a la hora de cumplir con sus obligaciones legales, de forma que la normativa sea la mínima necesaria, lo que redunda en el ahorro de costes innecesarios. Legislar menos, pero legislar mejor", señalan.