Las Islas Canarias siguen la estela de protestas que se produce en la península, así como en el resto de las regiones de la Unión Europea, para mostrar "su hartazgo y malestar por la crisis que vive desde hace varios años" el campo, que viene motivada por una "excesiva burocracia administrativa, por los altos costes de producción, la pérdida de renta y una sequía acusada que reduce" las producciones, entre otros aspectos.
Así, ASAGA Canarias, COAG Canarias, AGATE, UPA, ASPA, PALCA, la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y la Asociación Empresarial de Ganaderías e Industrias Lácteas de Canarias (AEGIL) comenzarán este miércoles, 21 de febrero, en Gran Canaria las movilizaciones del sector primario bajo el lema 'El campo canario se planta' y en protesta por una Política Agraria Común (PAC) que entienden es "cada vez más restrictiva, reguladora y limitante" y para pedir unas "rentas dignas".
Las movilizaciones que comenzarán este miércoles en Gran Canaria, continuarán el sábado 24 de febrero en Tenerife y el 1 de marzo en La Palma, según han informado los organizadores, que señalan que la PAC les "resta operatividad", les "arruina y propicia el abandono del campo", mientras la Unión Europea (UE) "abre la mano a las importaciones de países terceros sometidas a menos controles y con precios más bajos" que compiten con las producciones locales.
Se atisba así un "escenario de incertidumbre" sobre el futuro de una actividad "fundamental y estratégica", responsable de la producción de alimentos, por lo que las organizaciones profesionales agrarias convocantes piden a la UE y al Gobierno de España "reciprocidad" al exigir "idénticas" normas de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente a las importaciones de países terceros.
Solicitan además un aumento de las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) revisando contingentes y aranceles a las producciones extracomunitarias, así como la paralización de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y Tarfaya "ante el alto riesgo" de entrada de plagas y enfermedades ganaderas, así como de productos alimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa.
También piden la aplicación y refuerzo de la Ley de la cadena agroalimentaria para que "sea transparente y se equilibre" la capacidad de negociación en el mercado agroalimentario con medios suficientes para adoptar la norma "adecuadamente y más inspecciones".
Asimismo reclaman un Cuaderno Digital de Campo Voluntario que incorpore las dimensiones y formas de cultivo de las explotaciones canarias, así como los medios y habilidades ofimáticas de los productores de las islas.
Entre las peticiones se encuentran también la derogación del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones que exige el cumplimiento de la Ley de Morosidad, ya que debido al funcionamiento comercial del sector agrario, las exportaciones o las formas de pago de los clientes "se dificulta o imposibilita" su cumplimiento para recibir ayudas como la del transporte de mercancías.