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Clavijo reconoce que el reparto actual de menores inmigrantes es un "parche"

El presidente canario se reúne este miércoles con la ministra María Jesús Montero para cerrar la financiación del reparto extraordinario.

Fernando Clavijo | LD/Agencias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá este miércoles en Madrid con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de cerrar la ficha financiera del reparto extraordinario de unos 4.400 menores inmigrantes no acompañados.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional, que agrega que durante el encuentro, que tendrá lugar a las 13.00 horas (hora peninsular) en la sede del Ministerio, se abordarán otros asuntos de interés para el archipiélago como el estado de la llamada 'Agenda Canaria'.

En cuanto a la distribución de los menores inmigrantes entre las diferentes comunidades autónomas (4.000 de ellos tutelados por Canarias y 400 por Ceuta), Clavijo admitió este martes en sede parlamentaria que no deja de ser un "parche" o un "alivio" para la red de acogida del archipiélago.

De igual modo, el presidente hizo especial hincapié en que se trata de una solución momentánea que "tristemente" no es la que demandan los ciudadanos, ya que aún se necesita más implicación del Gobierno de España y de la Unión Europea (UE).

En la actualidad, el Gobierno de Canarias está centrando todos sus esfuerzos en liberar la presión de los servicios de la comunidad autónoma y para que los menores inmigrantes puedan ser atendidos con dignidad acorde a los derechos internacionales.

Una vez que la financiación para el reparto extraordinario esté garantizada y la Abogacía del Estado entregue el informe sobre si es posible realizarlo mediante un decreto ley (los servicios jurídicos de la CCAA entienden que es viable), quedaría reunirse con los grupos políticos para cerrar el texto y aquellas mejoras que quisieran introducir, llevándolo luego al Consejo de Ministros y al Congreso, respectivamente.

Finalmente, la comunidad autónoma ha insistido en su apuesta por modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder establecer un sistema automático de distribución de los menores llegados de manera irregular que sería aplicable a todos los territorios.

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