El abogado de las exmonjas de Belorado: "Tienen derecho a quedarse en el convento"

El juicio por el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado ha puesto sobre la mesa un inédito enfrentamiento entre derecho civil y derecho canónico. El abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, ha defendido este martes que la comunidad tiene pleno derecho a mantenerse en el convento tras separarse de la Iglesia, amparándose en la libertad religiosa.

El proceso se ha celebrado en el Juzgado de Briviesca (Burgos), donde el letrado ha argumentado que no solo las personas físicas, sino también las personas jurídicas tienen capacidad legal para abandonar una confesión religiosa. Y que, en este caso, el monasterio mismo —como entidad— ha ejercido ese derecho.

El monasterio como sujeto con libertad religiosa

Según ha alegado Aláez, el Monasterio de Nuestra Señora de Belorado es una persona jurídica que, por tanto, puede ejercer derechos fundamentales como la libertad religiosa. "Si las personas jurídicas pueden separarse, el convento en su conjunto también", ha sostenido, asegurando además que el decreto de excomunión reconoce que fue toda la comunidad la que se apartó de la Iglesia.

El abogado ha insistido en que la abadesa actuó en nombre de toda la comunidad, tenía poder de representación y, por tanto, fue válida la transformación del monasterio de sujeto canónico a asociación civil, tal y como ya habían registrado las exreligiosas.

"La asociación ha sido admitida en todos los procedimientos judiciales, y eso debe tenerse en cuenta también aquí", ha subrayado ante la jueza.

Cuestionamiento del papel del comisario pontificio

En su intervención, Aláez también ha deslegitimado la figura del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como representante legal del monasterio. Ha calificado de "ineficaz" su nombramiento como comisario pontificio, ya que —según su tesis— los bienes y derechos del monasterio ya no estarían bajo autoridad eclesiástica sino en manos de la nueva asociación.

Esto, a juicio de la defensa, anularía el argumento central del desahucio, ya que las exreligiosas no estarían ocupando un inmueble ajeno, sino ejerciendo derechos como entidad legalmente constituida.

La postura del Arzobispado: "Ya no son comunidad"

Por parte del Arzobispado, el letrado Rodrigo Saiz ha rebatido frontalmente esta línea argumental. Ha afirmado que las monjas decidieron "voluntariamente abandonar la Iglesia Católica y su congregación", lo que supone perder cualquier derecho canónico sobre el convento.

Ha recordado que el arzobispo Iceta confirmó esta ruptura mediante un decreto de excomunión emitido el 22 de junio de 2024. Ese documento certifica que las exmonjas ya no forman parte de la comunidad religiosa y, por tanto, no tienen legitimidad alguna para seguir ocupando el inmueble, que pertenece a la Iglesia y a la orden de las clarisas.

"Ejercieron su libertad religiosa, sí, pero con ello dejaron de ser monjas y de formar parte del sujeto jurídico al que pertenece el convento", ha señalado el abogado del Arzobispado.