Felipe VI asistió en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado a la presentación de la segunda edición del libro 'El Rey', del que fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional Manuel García-Pelayo entre 1980 y 1986. Un libro en el que se recogen tres dictámenes donde aborda la función constitucional del Rey y la Corona como parte del engranaje político y constitucional del Estado.
Un acto que coincidía con el 35º aniversario del fallecimiento del autor, jurista de reconocido prestigio y que fue elegido magistrado y presidente del Alto Tribunal, a petición del presidente Adolfo Suárez y de Francisco Rubio Llorente, quien fuera discípulo de García-Pelayo en el Instituto de Estudios Políticos de Caracas y posteriormente uno de los tres letrados en Cortes que asesoraron a la ponencia que redactó el anteproyecto de la Constitución española.
García-Pelayo aceptó a regañadientes porque se consideraba mayor (tenía 70 años en aquel entonces) y no tenía experiencia en la vida pública. Fue elegido presidente con los votos de todos los magistrados menos el suyo.
Tras estudiar derecho en Madrid y residir en la Residencia de Estudiantes, se doctoró en Derecho en 1934. Fue oficial del ejército republicano durante la Guerra Civil. Después de exiliarse voluntariamente en Argentina para ejercer de abogado, se trasladó a Puerto Rico, y posteriormente a Venezuela, donde desarrolló su carrera académica. Aunque visitaba España anualmente, regresó para formar parte del Tribunal Constitucional como presidente, del que formó parte junto con Jerónimo Arozamena Sierra (vicepresidente), Ángel Latorre Segura, Francisco Rubio Llorente, Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Francisco Tomás y Valiente, Manuel Díez de Velasco Vallejo, Plácido Fernández Viagas (fallecido en 1982), Gloria Begué Cantón, Rafael Gómez-Ferrer Morant, Ángel Escudero del Corral y Luis Sánchez Agesta.
Una presidencia que quedó marcada por dos sentencias de gran relevancia para el país en aquellos momentos: las sentencias del aborto y Rumasa, de la que se cumplieron 43 años el pasado 23 de febrero.
Con su voto de calidad, se decidió la constitucionalidad del decreto-ley 2/1983 de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras Sociedades que componían el grupo "Rumasa". Una sentencia que fue votada favorablemente por seis de los 12 miembros del tribunal y cuyo empate fue decidido por el voto de calidad del presidente, tal y como establece el artículo 90.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, inclinado la balanza a favor del decreto del Gobierno, y por la que dejaba zanjada la cuestión de la supuesta inconstitucionalidad del decreto-ley, que los recurrentes basaban fundamentalmente en una eventual infracción del artículo 86 de la Constitución, que estipula que el decreto-ley es para casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que no puede afectar a los derechos del Título Primero.
Los magistrados estaban de acuerdo en que algo había que hacer, si bien diferían de la forma en que se había hecho, por tanto, lo que se discute es la forma, o si se debería haber seguido la Ley de Expropiación Forzosa. Así que, entre los intensos debates del Tribunal, los que afirmaban que el resultado de la sentencia podía consolidar o no la vida constitucional, la filtración de la sentencia a la prensa o las diferentes presiones políticas, le valieron a García-Pelayo un aluvión de críticas, así como acusaciones de haberle hecho el juego al Gobierno de González.
En 1985 emitió otro voto de calidad, esta vez en contra del Gobierno socialista, contra la ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos -peligro de la vida de la madre, malformación del feto y violación- por entender que la ley incumplía exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 de la Constitución, en el que se establece que: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física". Hubo seis votos a favor y seis votos particulares. Finalmente, el voto de calidad del presidente en contra de la ley fue el que decidió el fallo.
Una sentencia no exenta de polémica y en la que hubo nuevamente presiones, sobre todo del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que en el Pleno del Congreso ratificó unas declaraciones efectuadas días antes cuando afirmó que "habría que poner en marcha la máquina de hacer indultos" si el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la ley despenalizadora del aborto: "¿Cómo es posible que 12 señores no elegidos por el pueblo tengan paradas las reformas más importantes de un Gobierno?".
Tras su dimisión en febrero de 1986, regresó a Caracas, donde enfermó al poco tiempo y murió el 25 de febrero de 1991.