La ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, más conocida como ley de Bienestar Animal, entrará en vigor el próximo 29 de septiembre a pesar de las protestas reiteradas de animalistas, propietarios de animales exóticos, tiendas de mascotas, veterinarios y científicos. Ahora, los investigadores expertos en el estudio de la biodiversidad de las Islas Canarias alertan también de que la ley impulsada por el Ministerio de Ione Belarra supone "una amenaza para la conservación de la fauna canaria".
Además del curso obligatorio para propietarios de perros, limitar las mascotas que los españoles pueden tener en sus casas, prohibir la cría de animales e incluso obligar a los dueños a renunciar a sus iguanas, la ley de Bienestar Animal también incluye un extenso apartado sobre la protección de las colonias felinas. Los gatos asilvestrados serán prácticamente intocables y eso, alertan los científicos, supondrá la ruina para muchas especies autóctonas insulares en peligro de extinción.
"A nivel mundial, los gatos se relacionan con la extinción de 63 especies de vertebrados. En los ecosistemas insulares han estado involucrados en el 14% de todas las extinciones de aves, mamíferos y reptiles y en el declive del 8% de los mismos catalogados en peligro crítico", señalan el propio CSIC en un artículo firmado por Aurelio Martín (profesor jubilado de la Universidad de La Laguna), Juan Carlos Rando (profesor de la Universidad de La Laguna), Félix M. Medina (biólogo del Cabildo de La Palma), Juan Luis Rodríguez Luengo (biólogo del Gobierno de Canarias) y Manuel Nogales (investigador del IPNA-CSIC).
Aunque los gatos silvestres se alimentan principalmente de conejos, ratas y ratones, también depredan sobre "una gran cantidad de reptiles, aves e insectos". Preocupa especialmente el efecto que tienen sobre los escasísimos lagartos gigantes de El Hierro (Gallotia simonyi), La Gomera (G. bravoana) y Tenerife (G. intermedia), los tres en peligro de extinción. "Los gatos constituyen la principal amenaza para estas tres especies endémicas críticamente amenazadas", señalan los biólogos.
Colonias felinas intocables
Según la ley de Bienestar Animal, los gatos callejeros o los asilvestrados pasan a denominarse "gatos comunitarios" y deben ser atendidos y protegidos "como animales de compañía", una responsabilidad (y gasto) que recae sobre los ayuntamientos. Estos están obligados a vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos, alimentarlos y crear un protocolo para resolver los conflictos vecinales.
Además, está totalmente prohibido desalojar a los gatos de sus colonias (incluso en terrenos privados), salvo que supongan un peligro para los humanos o para la biodiversidad. "La retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones distintas a las permitidas en esta ley" se considera una infracción grave penada con multas de entre diez mil y cincuenta mil euros.
A pesar de ello, los científicos insisten en que "con la aprobación de la nueva Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, donde no se distingue entre los gatos domésticos propiamente dichos y los asilvestrados, a todos los efectos será prácticamente imposible llevar a cabo estas acciones de control con el consiguiente perjuicio para numerosas especies autóctonas".
Por ello, reclaman, "resulta imprescindible que la ley sea modificada lo antes posible en lo que se refiere a los gatos asilvestrados del archipiélago".
Un riesgo para la salud pública
El Gobierno confía plenamente en el sistema CER (captura, esterilización y retorno) para controlar las poblaciones de gatos y evitar que se multipliquen. Sin embargo, para que esa estrategia funcione, habría que esterilizar a entre el 71% y el 94% de los gatos, según un estudio de la Universidad de Florida. En este sentido, desde CSIC coinciden en denunciar que establecer colonias de gatos alimentados por el hombre, aun con sistema CER incluido, "no solo no acabará con los gatos callejeros, sino que actuarán de imán atrayendo nuevos gatos, y agravando este problema".
Además, insisten, "estás prácticas constituyen un riesgo para la salud pública, por lo que es imprescindible establecer recintos cerrados para albergar estas colonias y lograr así un adecuado control de estos animales y el descenso de su número".
Cazar perros y gatos
A principios de julio, el Gobierno de Canarias en funciones publicó la orden que regula la temporada de caza de 2023 y en la que se permitía la caza de perros, gatos y hurones asilvestrados hasta la entrada en vigor el próximo 29 de septiembre de la ley de Bienestar Animal, momento en el que estos animales pasarán a considerarse mascotas.
Aunque los gatos forman parte de la lista de especies invasoras según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, la noticia desató las críticas de los grupos animalistas y el gobierno insular se vio obligado a rectificar y prohibir la caza de perros, gatos y hurones asilvestrados, todo ello a pesar del evidente conflicto entre la proliferación de depredadores y el riesgo de desaparición de multitud de especies protegidas de aves y lagartos.