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El sistema que usan más de 80 ayuntamientos para pillar a los que no recogen la caca del perro

Los ayuntamientos encuentran la manera de multar a los propietarios incívicos aunque la policía no les pille in fraganti.

Los ayuntamientos encuentran la manera de multar a los propietarios incívicos aunque la policía no les pille in fraganti.

Unos 80 ayuntamientos de toda España ya cuentan con un sistema infalible para pillar y multar a los propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus animales en la vía pública. Se trata de una base de datos con muestras de ADN de los perros censados en el municipio. Cuando los agentes de la Policía Local encuentran excrementos en la calle, toman una muestra y la envían a un laboratorio, que se encarga de identificar quién es el vecino incívico.

Málaga, Alcalá de Henares, más de una veintena de pueblos en Cataluña y otros tantos en la Comunidad Valenciana son algunos de los consistorios que han recurrido a la empresa ADN Canino. Todo empieza con una muestra de saliva de los perros: "La idea es realizar primero un registro de todos los perros de un municipio. Tomando una muestra de saliva de cada uno de los perros se crea una base de datos con el ADN. Con ese registro, podemos identificar tanto actos incívicos como dejar excrementos en la vía pública, como actos delictivos", explica Enrique Perigüell, CEO de ADN Canino.

De este modo, también es posible identificar a los perros robados o abandonados a los que se les ha extraído el chip. Además, se puede saber quién es el progenitor de una camada de cachorros, aunque esta prueba está en fase preliminar. Sin embargo, el principal interés de los ayuntamientos es pillar a los vecinos incívicos y mantener las calles limpias.

La ley de Bienestar Animal obliga a registrar a las mascotas en el registro autonómico, pero no dice nada sobre la identificación con muestras de ADN. Como resulta improbable que los propietarios de perros decidan estar fichados motu proprio, "los ayuntamientos actualizan una ordenanza en la que, para poder pasear al perro por el municipio, es obligatorio entregar el ADN de cada perro", explica Perigüell.

Multas más altas con la ley animalista

Los agentes de la Policía Local ya no tienen que cazar a los infractores in fraganti, que es el principal motivo por el que esta conducta acaba la mayor parte de las veces sin sanción. Ahora basta con patrullar las calles y recoger una muestra de las heces. Esa muestra se envía al laboratorio de ADN Canino y, tras un análisis, identifican al infractor. El resultado: calles más limpias y más multas.

"A día de hoy tenemos 150.000 perros en la base de datos, pero también tenemos más de 1.100 sanciones impuestas en todos los municipios con los que trabajamos", señala Perigüell. "En la fase de identificación de excrementos no hay ningún ayuntamiento que, con lo que recauda de sanciones, no pague las muestras. Todo lo contrario".

Las cuentas son sencillas. Cada análisis de heces cuesta algo menos de 40 euros, sin contar la remuneración de los agentes de Policía y de los técnicos municipales. Y las multas por no recoger los excrementos de los perros rondan los 300 euros, dependiendo de cada municipio. Además, tal y como alerta Perigüell, esas sanciones podrían incrementarse con la ley de Bienestar Animal.

Entre las obligaciones de los propietarios, la ley recoge que hay que "evitar que los animales depositen sus excrementos y orines en lugares de paso habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos, procediendo en todo caso a la retirada o limpieza de aquéllos con productos biodegradables". El incumplimiento se considera una infracción leve con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros.

Bien sea por civismo o por miedo a las multas, el resultado de este programa resulta satisfactorio para los ayuntamientos que lo han implantado. Las calles y los parques están limpios y la convivencia entre los dueños de perros y el resto de vecinos es mucho más agradable.

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