La decisión del juez Santiago Pedraz de dar marcha atrás y suspender el anunciado bloqueo de Telegram ha sido recibida con gran satisfacción tanto por los usuarios como por el sector tecnológico, que tachaba la medida de "desproporcionada". "Para empezar, no sé qué hace la Audiencia Nacional metiéndose en jaleos de derechos de autor -apuntaba en Es la Mañana de esRadio Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en tecnología, derechos digitales y responsabilidad civil-. En casos de delito contra la propiedad intelectual son competentes los juzgados de instrucción normales, no sé a qué viene que el caso este haya terminado en la Audiencia Nacional, que está para otro tipo de temas. Eso es lo más sorprendente".
El auto en el que daba tres horas a las operadoras españolas para proceder a la suspensión de la aplicación de mensajería instantánea llegaba tras la denuncia presentada por la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales (EGEDA), Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Sin embargo, según los expertos, la escasa fundamentación de esa decisión inicial, que afectaría a más de 8 millones de usuarios en España, demuestra la falta de conocimiento del juez Pedraz, al que el letrado acusa de hacer un "corta y pega" de los atestados policiales.
"Realmente son escasísimos los temas de propiedad intelectual que llegan a la Audiencia Nacional, así que creo que es un tema de desconocimiento, que le han metido en un lío y él mismo ha visto que había un exceso policial y ha tenido que actuar", dice el letrado, que, sin embargo, a pesar de celebrar la rectificación, insiste en que Pedraz todavía tiene mucho que corregir.
Separar el grano de la paja
"A día de hoy, todavía no sabemos qué contenidos han sido pirateados, y el Supremo establece que para poder perseguir delitos contra la propiedad intelectual hay que definir claramente qué obra ha sido pirateada", apunta Sánchez Almeida. Efectivamente, en el auto del juez Pedraz no figura ninguna película, serie o partido de futbol concreto. "Nada. Y los partidos de fútbol, por cierto, no son objeto de propiedad intelectual, aunque también lo intenta", le reprocha el abogado, que se pregunta qué es tan importante para "cerrar la boca y la comunicación a 8 millones de personas en España".
En este sentido, el experto subraya que lo lógico es que se retire la obra concreta objeto de defraudación, pero no que se corte por lo sano. "En todos esos temas se actúa de una forma quirúrgica. El derecho penal no es un hacha de combate, ni un cuchillo de carnicero; es un bisturí que se tiene que utilizar con mucha precisión y con buen pulso. Hay que saber muy bien dónde se está cortando cuando se actúa sobre el cuerpo social, porque estamos hablando de un sistema de comunicación que permite comunicarse a millones de personas y esas personas no están cometiendo ningún ilícito. Hay separar el grano de la paja".
Pedraz, igual que Putin
De hecho, Sánchez Almeida asegura que así funciona en todos los países del mundo, salvo contadas excepciones. Entre ellas, Rusia, que en 2018 también trató de cerrar esta red de mensajería instantánea. "Putin actuó sobre Telegram censurando la red a todos los rusos y eso es exactamente lo que ha hecho el juez Santiago Pedraz", lamenta.
Frente a esta salomónica decisión, lo habitual es dirigir una orden ejecutiva al llamado web máster para que retire los contenidos que son objeto de la denuncia y, si no, solicitar una comisión rogatoria al país en el que se encuentre para pedir la colaboración de las autoridades. "En el auto se dice que hay falta de colaboración, pero no sabemos a qué se debe", apunta el letrado para, a continuación, reprochar de nuevo al juez Pedraz su falta de conocimiento. "Habría que ver si realmente el responsable último de la red social está en las Islas Vírgenes como él dice, porque yo tengo informaciones de que está en Dubái y con Dubái sí que hay colaboración con las autoridades", insiste.