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Por qué el juez Pedraz da marcha atrás y no bloqueará Telegram

Ordenó cerrar la app de mensajería por un posible delito contra la propiedad intelectual, pero ahora reconoce que la decisión fue "excesiva".

Ordenó cerrar la app de mensajería por un posible delito contra la propiedad intelectual, pero ahora reconoce que la decisión fue "excesiva".
Alamy

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sorprendía a propios y extraños el pasado viernes al ordenar bloquear de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram en España por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. La decisión indignaba a los más de 8 millones de usuarios que hay actualmente nuestro país, muchos de los cuales llegaban a calificar la medida de "dictatorial".

Tras el revuelo causado, el magistrado optaba este lunes por dar marcha atrás y dictaba una providencia en la que anunciaba la suspensión de dicho bloqueo a la espera de un informe policial: concretamente, pedía a la Comisaria General de Información de la Policía Nacional aclarase "la incidencia que podría tener el bloqueo sobre los usuarios". Poco después, sin embargo, emitía un nuevo auto aclarando que, en cualquier caso, no llevará a cabo la medida por considerarla "excesiva y no proporcional".

Una medida "desproporcionada"

"Dejar sin comunicación a millones de personas por un conflicto de propiedad intelectual es una medida desproporcionada", había denunciado ya el sábado el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España a traves de un comunicado. "Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor o como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas que incurren en piratería", llegaba a comparar la asociación de consumidores Facua.

Tras 72 horas de reflexión, Pedraz aume ahora que, a pesar de que haya quien esté utilizando Telegram para actividades delictivas, "si se acordara la suspensión supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que utilizan esta aplicación de mensajería". Asimismo, reconoce "el impacto económico que tendría la suspensión cautelar para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas". De esta forma, al menos por ahora, no hay bloqueo a la vista.

El origen de la polémica

El origen de la polémica se remonta a la denuncia presentada por la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales (EGEDA), Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Las teleoperadoras se quejaban de que, a través de los diferentes grupos de esta aplicación, los usuarios comparten partidos de fútbol, series, películas o programas de televisión sin contar con los permisos oportunos.

En 2019, Telegram ya bloqueó varios canales que distribuían libros, diarios y revistas pirateados tras colaborar con organizaciones del sector. Sin embargo, parece que, en estos momentos, la plataforma de origen ruso no está por la labor. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, hace meses requirió a Telegram cierta información que se ha negado a facilitar. Por eso, ante la falta de colaboración de las autoridades de la Islas Vírgenes, donde la empresa tiene su sede social, el juez consideró en un primer momento que "no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados".

¿Privacidad u opacidad?

Telegram se hizo popular como alternativa a WhatsApp cuando la app de Meta daba problemas, aunque sus usuarios pronto vieron en ella más ventajas. Entre otras cosas, una mayor privacidad. Los mensajes están cifrados de extremo a extremo, por lo que solo el emisor y receptor acceden al contenido. Además, sus creadores siempre se han jactado de no colaborar con las autoridades: "Hasta el momento hemos entregado 0% de datos de nuestros usuarios a los gobiernos que los han solicitado".

Esta forma de proceder ha servido para atraer a numerosos grupos criminales de todo tipo. Sin ir más lejos, el Estado Islámico ha utilizado precisamente Telegram para asumir la autoría del atentado perpetrado este viernes en Moscú, aunque su catálogo es particularmente amplio: desde pornografía infantil, hasta tráfico de drogas, pasando por contenidos de violencia extrema o violaciones de derechos de autor, como es el caso que ahora nos ocupa.

"Es bastante sorprendente bloquear Telegram por una demanda de propiedad intelectual cuando, en otros momentos, ha habido investigaciones en materias como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico, que parecen más justificadas", apunta Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España y que pone el acento en otra de las vertientes de esta polémica.

El precedente brasileño

En cualquier caso, esta no es la primera vez que un juez trata de bloquear Telegram. A finales de abril del año pasado, un magistrado brasileño suspendió su actividad, alegando la falta de colaboración de la compañía en una investigación contra grupos neonazis. La policía sudamericana consideraba que la aplicación era una herramienta clave de comunicación para las actividades delictivas de los investigados y, al tratar de recabar información, se topó con la opacidad de la que la compañía siempre hace gala, por lo que decidió cortar por lo sano. Sin embargo, lo realmente significativo de este precedente es cómo terminó el caso: la medida fue revocada por otro juez, que la consideró totalmente desproporcionada.

Con todo, si en algo coinciden los expertos es en que la lucha contra este tipo de plataformas no puede ser individual. De ahí que, más allá del amago del juez Pedraz, la mayoría ponga el acento en la presión que se pueda hacer desde Europa: entre otras cosas, seguir legislando para obligar a los proveedores de servicios digitales a incluir medidas para prevenir la difusión de contenidos ilegales y nombrar un representante dentro de la UE.

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