El 2 de julio de 2011 la Guardia Civil irrumpió en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y detuvo a su presidente, Teddy Bautista, junto a otras ocho personas, por presuntos delitos de apropiación indebida. Era el comienzo de la operación Saga.
Desde entonces la sociedad que gestiona los derechos de autor de los autores y editores se ha visto envuelta en un sinfín de polémicas, que han terminado, por ahora, con la petición del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, a la Audiencia Nacional para intervenir temporalmente la institución.
"Caso Rueda"
De todos los acontecimientos por los que la SGAE se ha visto constantemente en el disparadero, tal vez el más relevante es el de la "Rueda" de las televisiones: En concreto, una trama con la que una serie de autores y editores llegaron a ganar millones a base de "arreglar" algunos temas poco conocidos y a "colocarlos" en programas de televisión que se emitían a altas horas de la madrugada. El País explica que, en concreto, la música supone el 80% de los ingresos de la SGAE (en 2015, por ejemplo, 250 millones de euros); y de ese porcentaje, la mayoría viene de las canciones emitidas en televisión. En 2015, según publicó también el diario, "la franja nocturna representó el 70% de la recaudación por la música en la pantalla pequeña, pese a que solo llegara al 1% de la audiencia". Sucedió con ello que una serie de socios de la SGAE poco conocidos llegaron a ganar más dinero que artistas tan exitosos como Alejandro Sanz o Pablo Alborán.
Desde la detención de Bautista —que será juzgado el próximo año—, y después con el caso "Rueda", otros escándalos han salpicado a la institución, que ha visto cómo varios de sus presidentes eran acusados de diferentes delitos. El propio José Miguel Fernández Sastrón, que ejerció el cargo desde 2016 hasta 2018, tuvo que declarar por el caso "Rueda", y eso tiñó la celebración de las últimas elecciones.
Pese a todo ganó José Ángel Hevia, aunque su elección volvió a suscitar nuevas quejas. Actualmente la institución se encuentra enfrentada al ministerio de Cultura por varios motivos. Por un lado la SGAE tendría que haber presentado la solicitud de aprobación de modificación de sus estatutos, previamente aprobada por su asamblea general, según lo establecido por la ley; además, también tendría que haber constituido una junta directiva a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros, incluido el ejercicio del derecho al voto electrónico; y por último tendría que haber adoptado las medidas que permitieran que el reparto correspondiente al ejercicio 2018 de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión cumpliera con lo dispuesto en la ley, y que ese reglamento de reparto se ratificara en su asamblea general. Por todo ello, Guirao ha terminado solicitando a la Audiencia Nacional la intervención temporal de la institución, aunque hoy mismo ha explicado que "si la SGAE se pone al día antes de que intervenga el juez, todo estará solucionado".