La SGAE no intervendrá en el caso

Bautista, que acudió a un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, señaló que la SGAE suele rehusar inmiscuirse en estos temas a pesar de que los jueces, "que --dijo-- tienen mucho miedo a estos asuntos" suelen solicitar a la sociedad de gestión informes periciales realizados por expertos de la SGAE. "El caso de Camilo José Cela es, además, especialmente significativo porque se trata de un socio de SGAE, mientras que la demandante no lo es y nuestra intervención nos generaría un problema de carácter político", agregó Bautista.

Asimismo, el responsable del Consejo de Dirección de esta entidad, señaló que será difícil que la plagiada demuestre y pruebe que Cela tuvo acceso al contenido de su obra antes de que ésta apareciera en el mercado.

Por otra parte y respecto a las recientes informaciones críticas contra la gestión de la entidad, Eduardo Bautista señaló que se trata de una "campaña cíclica, que se produce cada cierto tiempo, pero que nunca tuvo efecto" y que no ha contaminado al resto del sector. Agregó que la sociedad de gestión está "tranquila" y desmintió que exista demanda alguna que haya llegado a la Fiscalía Anticorrupción. Tan solo, dijo, se ha presentado una denuncia en el servicio de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid.

Referente al asunto de 57 asociados audiovisuales que se han separado de la sociedad para constituir una entidad propia (DAMA), Eduardo Bautista afirmó que igual que en su momento se facilitó a los artistas plásticos segregarse porque era un grupo muy numeroso el que lo solicitaba, en estos momentos la SGAE estaría dispuesta a hacer lo mismo si el 50 por ciento de los socios audiovisuales decidiera dejar la entidad. Recordó que existen 3.500 asociados audiovisuales.

Respecto a los derechos de autor que tienen los periodistas, Eduardo Bautista explicó que se trata de un asunto problemático en España, no así en otros países de nuestro entorno, donde esta cuestión está perfectamente detallada. Afirmó que el periodista español puede acogerse actualmente a la Ley de Propiedad Intelectural de 1987, lo mismo que cualquier otro creador, si bien dijo no ser optimista respecto a que los empresarios acepten de buena gana un ámbito de actuación del asalariado independiente que les permita ceder un conjunto de derechos en su relación laboral.