El rescate de pateras y cayucos en la ruta atlántica hacia Canarias no solo supone un esfuerzo humano y logístico, sino también un desembolso millonario para las arcas públicas. España, a través de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), mantiene operativo un sistema que funciona las 24 horas del día y que debe cubrir una zona de búsqueda y salvamento (SAR) que triplica la superficie terrestre del país, extendiéndose hasta las proximidades de Mauritania y Senegal.
Cada operación implica barcos, helicópteros, tripulaciones, combustible, mantenimiento, personal sanitario y logística portuaria, y los datos oficiales reflejan que el coste total anual de este servicio se ha convertido en una de las partidas más significativas vinculadas a la gestión de la inmigración irregular por vía marítima.
Las cuentas anuales de Sasemar entre 2020 y 2023 permiten entender la magnitud de este esfuerzo económico. En esos ejercicios, el patrimonio neto de la entidad rondó los 200 millones de euros y el activo total se mantuvo en torno a los 310 millones, según la documentación oficial remitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del que depende Sasemar.
La financiación procede en su mayoría de subvenciones del Estado, que sostienen los costes de personal, combustible, mantenimiento y flota aérea. En 2020, la sociedad recibió 190 millones de euros en aportaciones públicas; en 2021, 193,5 millones; en 2022, 192,8 millones; y en 2023, 191 millones.
Coste por rescate
El coste por rescate individual no figura en los documentos oficiales, pero la combinación de datos de flota, contratos aéreos y mantenimiento permite trazar una estimación razonable. Una guardamar como la Polimnia, que protagonizó el último rescate de 176 personas a 476 kilómetros de Gran Canaria, requiere unas 11 horas de navegación de ida y otras tantas de regreso. Por ello, para llegar a puntos de recogida tan lejanos como este; el coste de transporte se encuentra estimado entre unos 20.000 a 25.000 euros en concepto de combustible y costes operativos de tripulación.
A esto se suma el despliegue aéreo: los helicópteros Helimer, esenciales para evacuaciones médicas urgentes, tienen un coste de operación estimado entre 6.000 y 10.000 euros por hora de vuelo, lo que convierte cualquier intervención completa en un gasto adicional de 10.000 a 15.000 euros. Por ello, un rescate se puede tasar en un coste de, al menos 30.000 euros sin tener en cuenta el dispositivo sanitario que espera la llegada de los inmigrantes en el puerto. Este incluye ambulancias, personal de Cruz Roja, Atención Primaria y derivaciones hospitalarias.
Mantenimiento
El mantenimiento de la flota es otro de los grandes capítulos de gasto. Las cuentas anuales detallan las varadas y reparaciones programadas de buques como la Polimnia, cuyo mantenimiento costó 44.501 euros en 2021 y 98.070 euros en 2023. En conjunto, las varadas de buques de Salvamento supusieron 786.662 euros en 2021; 414.348 euros en 2022; y 1,88 millones de euros en 2023.
Los helicópteros Helimer, además de su elevado coste por hora de vuelo, implican una inversión recurrente en actualización y mantenimiento: solo en 2023 se destinaron 3,5 millones de euros a estas aeronaves, imprescindibles para garantizar la seguridad en operaciones que se realizan a cientos de kilómetros de la costa.
El nuevo Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2025-2027 aprobado en Consejo de Ministros, revela el esfuerzo adicional que el Estado está dispuesto a asumir para modernizar y reforzar la flota ante el aumento de la presión migratoria y los retos medioambientales. El plan prevé 162,7 millones de euros en tres años, de los que 84,6 millones se destinarán a la renovación de embarcaciones y 27 millones a la adquisición de un helicóptero de gran porte.
Más de cien millones en mejorar la respuesta
En total, 111,6 millones se concentrarán en medios materiales para mejorar la capacidad de respuesta. Además, el plan incluye la construcción de dos guardamares, dos remolcadores y seis embarcaciones ligeras de acción rápida, la renovación de equipos de comunicaciones y navegación, la incorporación de drones y la creación de un nuevo centro de coordinación en Palma de Mallorca. Todo ello, financiado en parte por el Banco Europeo de Inversiones.
Este esfuerzo económico responde a un escenario de presión creciente en la ruta atlántica, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identifica como una de las más peligrosas del mundo. En 2023, Salvamento Marítimo realizó más de 1.200 operaciones vinculadas a inmigración irregular en Canarias. Cada intervención requiere movilizar recursos navales y aéreos sobre aguas internacionales, dentro de una zona SAR que no confiere soberanía pero sí responsabilidad internacional de auxilio. Ignorar una embarcación en apuros no solo supondría un incumplimiento humanitario, sino también una vulneración de los convenios internacionales que España ha ratificado, como el SAR de 1979, el SOLAS de 1974 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
El impacto económico va más allá del momento del rescate. Una vez los migrantes llegan a puerto, se activa el dispositivo de primera acogida, con atención sanitaria inicial, identificación y tramitación policial, derivación a centros de acogida y, en muchos casos, traslados a la Península. Este proceso supone miles de euros adicionales por cada operación, que se suman al coste de Salvamento Marítimo y que son asumidos principalmente por los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Decenas de millones al año
El coste total anual de gestionar los rescates en la ruta canaria es difícil de calcular con exactitud, pero las cifras disponibles muestran que solo el despliegue de Salvamento Marítimo absorbe decenas de millones de euros. Si se multiplican los más de mil rescates anuales por el coste estimado de entre 30.000 y 40.000 euros por intervención, el impacto presupuestario se eleva a decenas de millones cada año, sin contar la fase posterior de acogida y gestión migratoria.
El Estado se enfrenta así a un doble reto: cumplir con sus obligaciones internacionales y humanitarias, garantizando la seguridad de quienes arriesgan su vida en el Atlántico, y asumir el impacto económico de un servicio que combina alta especialización técnica, despliegue continuo de medios y dependencia absoluta de recursos públicos.