Los árbitros de Primera División están viviendo con mucha tensión la investigación sobre el caso Negreira. Dicha tensión se ha tornado en desconfianza en los últimos días después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, no descartase la imputación de colegiados por un posible delito de corrupción deportiva.
Fuentes arbitrales consultadas por Libertad Digital afirman que "entre los colegiados de 1ª División nadie se fía de nadie. Uno no se fía del compañero de al lado, salvo que hayan integrado un equipo arbitral desde hace años". De hecho, una parte del colectivo esta cansada de que se meta a todos los árbitros en el mismo saco a raíz del caso Negreira y piden justicia para los responsables: "Quién la haya hecho, que la pague".
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "los colegiados de Primera División están divididos en tres grandes grupos en atención a sus intereses y amistades. En el primer grupo se encuentra la guardia pretoriana del presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo. Es decir, los colegiados más unidos al presidente del CTA: José Luis Munuera Montero y Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz) o Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco)".
"El segundo grupo estaría liderado por los árbitros asambleístas, es decir, los que integran la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que suelen apoyar las decisiones que adopte el presidente de turno de la propia RFEF: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño), Juan Martínez Munuera (Comité valenciano) o César Soto Grado (Comité riojano). En este grupo también se encontrarían sin pertenecer a la asamblea Juan Luis Pulido Santana (Comité Canario) o Víctor García Verdura (Comité catalán)", añaden.
"El tercer grupo lo integrarían los colegiados más ‘independientes’ de los intereses del CTA y de la Federación. En éste, se situarían árbitros como Alejandro José Hernández Hernández (Comité canario) o Mario Melero López (Comité andaluz). En este grupo también se integraba el ya excolegiado Antonio Mateu Lahoz, que ha sonado en los últimos días como candidato de consenso a la presidencia de la RFEF", subrayan.
Cabe destacar que el juez investiga en la causa un informe sobre el abultado patrimonio inmobiliario de los colegiados de 1ª División Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, y del jefe de VAR, Carlos Clos Gómez. Además, en el sumario figura el nombre de otros tres árbitros que pagaron los servicios de coaching del hijo de Negreira: figuran Javier Alberola Rojas, David Medié Jiménez y también Santiago Jaime Latre.
El demoledor auto del juez Aguirre
El juez Joaquín Aguirre imputaba la semana pasada en la causa al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, por un posible delito de cohecho y ampliaba la investigación "a todas aquellas personas que fueran miembros de la Junta Directiva del Barça durante su mandato" que estuvieran una responsabilidad efectiva sobre los pagos efectuados al que fuera nº 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Tras esta decisión, el instructor ponía el foco en los colegiados
El auto destacaba que "los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica".
"Los actos efectuados por el investigado Enríquez Negreira tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey. Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados", añadía.
"En el caso de que se lograra demostrar que Enríquez Negreira influyó sobre ciertos árbitros para que tuvieran una actuación parcial favorable al FC Barcelona, tales árbitros podrían ser acusados de un delito del art. 286bis, 4 del C.P., por lo que existiría un concurso medial entre el cohecho y la corrupción deportiva cometida por los concretos árbitros de los partidos", apuntaba el auto.
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