Javier González Calvo es la última persona que ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), uniendo así su nombre a los de Pedro Rocha, actual presidente de la Comisión Gestora del ente federativo; el periodista Carlos Herrera y la diputada Eva Parera, presidenta de la formación política Valents. Pero, ¿quién es González Calvo? Se trata de un abogado y empresario de 49 años, nacido en Almendralejo (Badajoz) pero que actualmente reside en Madrid, que fue consejero delegado del Córdoba CF entre diciembre de 2019 y el 15 de mayo de 2023, cuando fue sustituido en el cargo por Antonio Fernández Monterrubio.
González Calvo, socio del área legal en la firma internacional PKF Attest —donde asesora a clientes de los sectores inmobiliario y deportivo—, llegó al Córdoba de la mano de Infinity Capital Group WLL, un fondo de inversión de Bahréin que se hizo en su día con la propiedad de Unión Futbolística Cordobesa SAD, la sociedad constituida en noviembre de 2019 de la que el empresario extremeño era consejero delegado, primero, y apoderado, después.
Sin embargo, Infinity acabó perdiendo no sólo la confianza en González Calvo después de tres años y medio —en su lugar, como nuevo CEO, llegó Fernández Monterrubio—, sino que el pasado mes de enero decidió demandarlo por su gestión al frente de la entidad cordobesista.
Confianza perdida
Y es que el Córdoba fue sometido a una profunda auditoría interna en 2023 para evaluar su situación real y las actuaciones llevadas a cabo por González Calvo durante su etapa en las oficinas de El Arcángel. Aquella due diligence, de la que poco o nada se conoció en su momento, derivó en la salida del empresario pacense de la entidad. Poco después, el periódico El Día de Córdoba informó de que los propietarios del club blanquiverde —con el presidente Abdulla Al-Zain, que además es director general de Infinity Capital Group WLL, a la cabeza— entendieron que las actuaciones de González Calvo en el equipo "no correspondían a los estándares de buenas prácticas en la gestión de un club".
El empresario llevó a cabo una importante labor económica e institucional al recuperar para el Córdoba a buena parte del tejido empresarial de la ciudad que se había alejado del club en sus tiempos más convulsos y devolviendo a la entidad la estabilidad perdida. Sin embargo, la cosa cambia en lo que al plano deportivo se refiere. Aunque el equipo dio el salto a Primera RFEF y ganó la Copa Federación en 2021, los dueños de Infinity esperaban que el Córdoba volviera al fútbol profesional cuatro años después, tras haber bajado de Segunda a Primera RFEF en la temporada 2018-19, y haberse quedado estancado desde entonces en el fútbol semiprofesional.
Alejandro Blanco viendo al Córdoba
Más allá del aspecto institucional y deportivo de la entidad, una de las imágenes en la historia reciente del Córdoba se produjo a finales de agosto de 2020, cuando el mismísimo Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), viajó hasta la ciudad de los califas para presenciar el entrenamiento del equipo en el estadio de El Arcángel.
¿Qué hacía Alejandro Blanco viendo un entrenamiento del Córdoba? Poco después se supo que el dirigente orensano es amigo personal de Abdulla Al-Zain y que también mantiene vínculos directos con Mohammed Al-Nusuf, vicepresidente del Córdoba que además es secretario general del Comité Olímpico de Bahréin.
Mientras tanto, fuentes cercanas al proceso electoral de la RFEF consultadas por Libertad Digital aseguran que González Calvo saca pecho ante el baile de candidatos que ya ha comenzado, asegurando tener el apoyo no sólo de Alejandro Blanco, sino también el del propio Luis Rubiales. Cabe destacar que sobre el expresidente de la Federación pesa una orden de detención por supuestas irregularidades en la RFEF en relación con las presuntas irregularidades en los contratos para la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí —en una serie de documentos llamados Supercopa Files—, en una operación que se ha saldado por el momento con la detención de siete personas y registros policiales en una operación dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Majadahonda (Madrid) y realizada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.