Los aficionados, futbolistas, entrenadores, directivos e, incluso, los periodistas, se habían acostumbrado a hablar con naturalidad sobre los rumores que cada final de temporada se hacían de amaños de partidos en distintas categorías del fútbol español. Todo el mundo había oído hablar de ellos, se habían llegado a denunciar algunos casos, pero la ausencia de pruebas y la falta de claridad enterraban cada caso. Las acusaciones de corrupción en el fútbol se habían convertido en algo normal, asimilado por todos, y además, como el fraude deportivo no era delito, no se podía actuar contra nadie por la vía penal.
Todo cambió a finales del año 2010, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, que pasó a regular y perseguir el amaño de competiciones deportivas y apuestas ilegales, así como cualquier otro tipo de acto de corrupción en el plano deportivo. El artículo 286 bis del Código Penal, fija sanciones, multas o penas de cárcel para los individuos que actúen para "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales".
El escenario cambió por completo: cualquier intento de amaño o compra de un partido es constitutivo de delito, no así las primas por ganar que se consideran un incentivo para que los deportistas hagan bien su trabajo. Por todo ello es por lo que la Fiscalía Anticorrupción abrió una exhaustiva investigación sobre lo sucedido en el encuentro entre el Levante y el Zaragoza en 2011, en el que los maños consiguieron la salvación después de ganar en Valencia.
La investigación ha permitido examinar al detalle los movimientos bancarios de futbolistas, directivos y los propios clubes y existen suficientes indicios para creer que aquel encuentro fue amañado para la victoria de los aragoneses. Por ello, Anticorrupción ha citado a futbolistas y directivos a declarar y, en algunos de los casos, podrían haberse producido ya imputaciones.
La impunidad con la que se actuaba a final de cada temporada ha dado paso a una situación comprometida si se demuestra la posible compra de un partido. A ello ha contribuido la implicación de la Liga de Flutbol Profesional (LFP), que ha comenzado a colaborar con la Policía y mantiene una estrecha vigilancia sobre los partidos que pueden ser sospechosos. El resultado de todo ello es el primer partido puesto en cuestión por la Fiscalía. En caso de demostrarse el amaño, el código penal establece que los implicados pueden exponerse a penas de prisión de entre seis meses y cuatro años de cárcel, inhabilitación de uno a seis años y multas de hasta 5,48 millones de euros.