L D (EFE) Los primeros informes de Hacienda cifraron las presuntas irregularidades tributarias del Betis entre 1995 y 1998 en 10 millones de euros, si bien sólo una parte de ellos fueron conceptuados como delito fiscal y dieron lugar a la correspondiente denuncia que ha tramitado el juzgado de instrucción 17 de Sevilla. Una vez concluida la instrucción de la causa, en la que fueron procesados Lopera y dos directivos de sus empresas, el propio presidente anunció en febrero pasado que sus abogados negociaban con la Agencia Tributaria un acuerdo que le evitará sentarse en el banquillo de los acusados.
De forma paralela al proceso penal, los abogados de Lopera habían recurrido contra Hacienda por la vía administrativa y el Tribunal Económico les ha dado la razón en varias resoluciones dictadas en el año 2004, lo que permitirá compensar las cantidades pagadas y las que reclama Hacienda. La pena prevista para el delito fiscal, siempre que supere los 90.000 euros, es de uno a cuatro años de cárcel, pero al aplicar la atenuante de reparación del daño la condena puede rebajarse en dos grados y quedar en una simple multa.
Al tratarse de un proceso penal ya iniciado, el fiscal y el abogado del Estado deberían presentar su calificación de los hechos pero el juicio no llegaría a celebrarse, al contar con la conformidad previa del procesado respecto a la pena. La defensa del presidente bético ha sostenido a lo largo de la causa que en las cuentas del Betis no hubo ocultación de datos, sino una interpretación diferente sobre los pagos diferidos. Junto a Lopera se encuentran procesados el vicepresidente del club, Ángel Martín Vega, y la representante legal M.T.G.M.
La Agencia Tributaria les imputó distintas irregularidades en la declaración fiscal relativa a los derechos federativos de Albert Nadj, la prima con el CSKA de Moscú, las obras de ampliación del estadio del Betis, los servicios prestados por Euroeiski Sport, el salario del futbolista brasileño Denilson y las entradas para la final de la Copa del Rey.