Con estos datos, podemos asegurar que en una de las comunidades más atrasadas y pobres de España, hay cuando menos 8.368 liberados sindicales entre las empresas privadas y el conjunto de la Administración Pública según las normas legales. Si además, alegalmente, hay más, es imposible de saber salvo confesión propia de Administración, empresas y sindicatos. Una Comisión de Investigación parlamentaria podría aclarar los números.
Su coste es de 229 millones de euros anuales si bien, si tenemos en cuenta las suplencias que origina la condición de liberado, el coste real podría alcanzar fácilmente los 345 millones de euros anuales, no consignados como ingresos por las organizaciones sindicales. Recuerden que la CEOE daba la cifra de 4.127 liberados para toda España, la mitad de los que hay sólo en Andalucía. UGT y CC.OO pueden aclarar definitivamente el tema haciendo públicas sus cuentas, cosa que no han hecho ni, al parecer, harán a pesar de que en gran parte el dinero que ingresan es dinero público.
Según el informe de Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía, en el último congreso regional, "los resultados de las Elecciones Sindicales a 31 de diciembre de 2007, como fecha de terminación del proceso de mayor concentración electoral, nos dicen que CCOO ha aumentado su representatividad, ampliando el número total de delegados y delegadas de personal elegidos a 18.485 (2.805 más que en diciembre de 2003) y reduciendo la diferencia con UGT en 103 delegados y delegadas a la citada fecha, que es la menor de los tres últimos procesos electorales."
O sea, que podemos adjudicar a CC.OO 18.485 y a UGT 18.588, 103 más, haciendo un total de 37073 delegados de personal, de los que casi una tercera parte la componen los delegados de la Administración Pública andaluza, lo que da una idea del poder interno de las Federaciones de Servicios Públicos o de la Administración en las organizaciones sindicales.
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Si multiplicamos este número de delegados por una media de 30 horas sindicales al mes, mismo método que utilizamos en nuestro cálculo para España, nos resulta la cantidad de 1.112.190 horas, que, consideradas anualmente, significan 13.346.280 horas.
Dado que la jornada media de trabajo en Andalucía fue de alrededor de 1.595 horas anuales, podemos confirmar que tal número de horas equivalen, debidamente acumuladas, a 8.368 puestos de trabajo completo, esto es, a 8.368 liberados sindicales en conjunto entre las empresas privadas y las Administraciones Públicas y en el conjunto de Andalucía.
Si tenemos en cuenta que el coste laboral real total de Andalucía, por trabajador y mes fue, en el tercer trimestre de 2009, de 2.290,10 euros, esto es, 27.481,2 euros anuales, según los datos del INE incluidos en las páginas anteriores, la cantidad total anual del coste de estos liberados se elevaría a 229 millones de euros en números redondos.
Si al menos la mitad de las horas de trabajo liberadas hubiesen debido ser suplidas por personal contratado ad hoc, entonces el coste laboral real equivaldría al correspondiente a 12.552 puestos de trabajo completo anual. En ese caso, el coste laboral real ascendería a 344,9 millones de euros, unos 57.237 millones de pesetas.
Tanto UGT como CC.OO considerados de manera exactamente igual, se beneficiarían de hecho, de 172 millones de euros anuales cada una o, dicho en pesetas, de casi 29.000 millones de pesetas procedentes del erario público y de las empresas privadas. Esta cantidad equivale a SEIS veces la cantidad reconocida por ingresos derivados de los afiliados sin contar, claro está, las subvenciones. Según sus propios datos, UGT de Andalucía recaudaría anualmente la cantidad de 28.080.000 euros en concepto de cotizaciones si todos sus afiliados estuvieran al día de las cuotas. Igualmente, CC.OO ingresaría anualmente la cantidad de 26.283.600 euros que, en el mismo período considerado.
A estos liberados deducidos de las horas "liberadas" por la acción sindical ordinaria, hay que añadir los "liberados" pactados en cada convenio por las centrales sindicales con la Administración y/o con las empresas privadas. En el caso andaluz, además del ejemplo ya mencionado más atrás, encontramos otro acuerdo explícito en este sentido. Vean primero los liberados relativos a los comités de empresa y delegados de personal y luego, los relativos a las secciones sindicales:
Los de Comités y Delegados:
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Y ahora, los relativos a las organizaciones sindicales:
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Reconocemos que es imposible aportar siquiera una aproximación cuantitativa básica del número de estos liberados de las secciones sindicales y del coste real que originan a sus empresas si las organizaciones sindicales no aportan la documentación precisa.