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"CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO"

Funcionarios del Inem se enfrentan a Corbacho por el "caos" de las ayudas

La red de oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) está inmersa en un caos, con avalanchas diarias de desempleados en interminables filas esperando ser atendidos e incluso, en no pocos casos, con graves conflictos de orden público.

LORENZO RAMÍREZ

Así lo denuncia la coordinadora Nacional del Sindicato CSIF en el antiguo Inem, organización que critica duramente al Ministerio de Trabajo porque "ni tan siquiera se ha comunicado a la representación de los trabajadores de qué manera se iba a implementar el nuevo Programa de Protección por Desempleo e Inserción". Se trata de las ayudas de 420 euros a parados sin prestación.

El sindicato protesta porque no se ha evaluado "cómo se podrían reducir o minimizar los impactos del plan sobre un servicio público que ya de por sí estaba desbordado". Impactos aún más severos al entrar dicha norma en vigor en pleno periodo vacacional, cuando buena parte de la plantilla y la mayor parte de sus responsables se encuentran disfrutando sus vacaciones anuales.

"La dirección del SPEE y, por tanto, la del propio Ministerio de Trabajo, no pueden alegar errores, sorpresas o ignorancia ante la situación en la que nos encontramos, por cuanto desde este sindicato, en solitario, se habían emitido reiteradamente notas sindicales avisando de los gravísimos efectos que iba a tener el anuncio de esta nueva prestación en pleno periodo estival", señala CSIF.

Producto de lo anterior, los trabajadores de este organismo se sienten "engañados y traicionados" por parte del Ministerio que dirige Celestino Corbacho y de la dirección del antiguo Inem, se "solidarizan con los demandantes de sus servicios con los que comparten una situación absolutamente inaceptable en pleno siglo XXI".

Además, denuncian que el incremento exponencial de desempleados debido a la crisis económica ha tenido lugar cuando la situación organizativa del SPEE "se encuentra en el peor momento de su historia, lo que, entre otras circunstancias, provoca que los ciudadanos no tengan garantía de que vayan a ser atendidos cuando acuden a requerir los servicios que este organismo dispensa".

Sirva, a modo de ejemplo, el que a fecha 30 de julio de 2009 el gasto público en prestaciones por desempleo se disparó a 2.579 millones de euros mensuales (un 53,7 % más que el año anterior por la misma fecha), las solicitudes se elevaron a 945.458 (un 68 % más) , ya hay 2.666.458 beneficiarios de las mismas (50,4 % más) y se han emitido por encima de los tres millones de nóminas (un 52 % más), datos que por sí mismos evidencian un incremento brutal sobre las cargas de trabajo que ya soportaba la plantilla del SPEE.

Para "mantener un servicio cada vez más degradado, el Ministerio de Trabajo ha optado por el recurso de la temporalidad y precariedad" de dicha plantilla, lo que se traduce en un 16 % sobre el conjunto total de trabajadores del Instituto, que en las oficinas de prestaciones (atención directa al ciudadano) se dispara al 25 %. Hay provincias, como Gerona, donde el 50 % de la plantilla de las oficinas es personal temporal y, por tanto, "sin los conocimientos y la experiencia requeridos para una situación de tal magnitud".  

"El presidente Rodríguez Zapatero y el Ministerio de Trabajo e Inmigración han realizado un proceso negociador con otras fuerzas políticas y los sindicatos de clase (esos sindicatos que están desaparecidos desde hace ya mucho tiempo) para modificar el nuevo programa de protección a los desempleados, cuando, en nuestra humilde opinión, los mencionados deberían empeñar sus mayores esfuerzos en la necesaria creación de empleo y evitar que éste se siga destruyendo", señala CSIF.

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