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CONSIDERA QUE NO ESTABA JUSTIFICADA LA URGENCIA ALEGADA

El TC anula la reforma laboral de 2002 que el Gobierno del PP no llegó a aplicar por una huelga general

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 24 de mayo de 2002. La sentencia no tiene ninguna consecuencia práctica, ya que la reforma fue retirada por el propio Gobierno del Partido Popular en octubre de aquel año, tras una campaña de presiones de los sindicatos, que incluyó la fallida huelga general del 20 de junio. José María Aznar remodeló su Gobierno, sustituyendo al ministro de Trabajo del llamado "decretazo", Juan Carlos Aparicio, por Eduardo Zaplana. Los recursos de inconstitucionalidad llovieron desde Gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE y desde los grupos de la oposición.

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L D (Agencias) Cinco años después, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002. Considera el alto tribual que no estaba justificada la urgencia que alegó el Gobierno de Aznar para aprobar esta norma. Los sindicatos y el PSOE pronto la bautizaron como "decretazo" y llevaron su rechazo a la calle en la única huelga general convocada en una legislatura del PP. Al final, la reforma se quedó sin aplicar, el ministro Juan Carlos Aparicio dejó el cargo y su sucesor, Zaplana, pactó con sindicatos y patronal una nueva reforma laboral.

El TC ha estimado los recursos que habían presentado contra este decreto la Junta de Andalucía y diputados de los grupos del PSOE, IU y Mixto en el Congreso. Según fuentes del Constitucional, es la primera vez que este tribunal anula un decreto ley por no estimar justificada la urgencia y extraordinaria necesidad de legislar en esta materia alegadas por un Gobierno. En una sentencia hecha pública este viernes, el alto tribunal entiende que el Gobierno popular no aportó ninguna justificación para apreciar la concurrencia de urgente necesidad que alegó el Ejecutivo para su aprobación.

El alto tribunal subraya "la extrema ambigüedad" de buena parte de las expresiones utilizadas para caracterizar la situación de extraordinaria y urgente necesidad. Añade que su doctrina exige "la concurrencia de ciertas notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad" que determinen la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por la urgencia.
 
Una sentencia que no critica la reforma
 
El PP ha destacado que la sentencia alude "sólo a la forma" en que fue aprobada la reforma laboral y que "en absoluto critica". El secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, explicó a la Agencia EFE que la decisión del TC "no tiene otro objetivo" más que el de definir "cuáles son los límites para la aprobación de los decretos leyes".

La sentencia "en absoluto es una crítica a la alteración de los derechos laborales, en la que no entra", dijo Nadal, quien añadió que "sencillamente ha puesto límites a la actuación de un instrumento que hasta ahora se utilizaba sin ningún tipo de cortapisa". Y advirtió que con esta resolución "no se puede decir que el Tribunal haya anulado la reforma laboral del PP".
 
Zaplana recuerda la cordialidad entre el Gobierno de Aznar y sindicatos
 
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha asegurado en el Congreso que el decreto ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo de 2002 y ahora declarado inconstitucional, fue "el único desencuentro" de los gobiernos de José María Aznar con los agentes sociales en los ocho años de mandato, una proporción que, según dijo, es mejor que lo ocurrido en la etapa del socialista Felipe González.  
 
Preguntado por la sentencia del Tribunal Constitucional, Zaplana dijo no poder opinar al respecto por carecer de información pero, en cualquier caso, quiso dejar claro que los años de Gobierno del PP se caracterizaron por una "excelente relación" con los agentes sociales, salvo en ese caso, que acabó derivando en una huelga general. "Sólo uno en ocho años, y fíjese si comparamos con los gobiernos de Felipe González". Además dejó claro que "la característica de los gobiernos del PP ha sido un entendimiento y una relación excelente con agentes sociales".
 
Zaplana recordó que fue el ministro de Trabajo encargado de "desactivar" el problema causado por el 'decretazo' que firmó su antecesor y hoy alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. "Conocedor de la situación complicada que nos acompañaba, el Gobierno llegó a un acuerdo bastante razonable que volvió a traer esa paz con los agentes sociales que había sido una característica de los gobiernos de Aznar desde 1996 -relató-. A mí me correspondió desactivarlo, lógicamente con la instrucción siempre del presidente del gobierno, y lo hicimos razonablemente bien".
 
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