LD (Europa Press) Según informaron fuentes de la SEPI, el consejo de administración de la sociedad presidida por Enrique Martínez Robles no aprobará la segregación de los activos militares hasta que no se cierre un acuerdo con la mesa sindical, de manera que si este jueves no se logra se retrasará dicha reunión hasta que ambas partes lleguen a un punto de encuentro sobre el futuro de Izar.
No obstante, dichas fuentes mostraron su optimismo y afirmaron que confían en que en la reunión que mantienen esta noche se logre un acuerdo, ya que el encuentro del miércoles fue "positivo" y produjo un acercamiento de posturas.
Según informaron portavoces de la mesa sindical, en la reunión del miércoles se produjeron "avances de palabra" que se deberán trasladar a "un papel". Según estas mismas fuentes, el problema es la redacción de algunos aspectos, como el punto dos del acuerdo adoptado por ambas partes el 23 de septiembre, que contempla el compromiso de la SEPI de contar con el respaldo de los sindicatos en el proceso de venta de la rama civil, y la responsabilidad del holding público de conseguir carga de trabajo que mantenga la viabilidad de todos los centros.
Si todo marcha como se espera, la actividad militar se segregará a una nueva empresa pública, que podrá también realizar una actividad civil complementaria, que no exceda el 20 por ciento de la facturación, y estará formada por Ferrol, Cartagena, Puerto Real, y Cádiz, y se prevé que se integre San Fernando y Fene. En cuanto a la actividad civil, la SEPI indica en su documento que "la venta podrá realizarse agrupando los activos de Sestao, Sevilla, Gijón y Manises" para ser adquiridos de forma mayoritaria por inversores privados.
Asimismo, el documento hace referencia a las medidas laborales que se aplicarán, y en las que se incluyen prejubilaciones, bajas incentivadas, traslados entre los centros de trabajo con proximidad geográfica, y política de polivalencia. Ante este punto, los sindicatos pidieron al holding público que desarrolle el aspecto de las prejubilaciones y bajas incentivadas, de manera que se mantenga una plantilla mínima que garantice la viabilidad de los centros. No obstante, rechazaron la posibilidad de la movilización geográfica y la política funcional.
Según los cálculos de los sindicatos el plan de jubilaciones podría afectar a 4.200 trabajadores de Izar, casi el 4 por ciento de la plantilla, con una edad límite de 52 años, si se aplicaran las mismas formulas que se utilizaron en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) realizados desde los 90 en la sociedad.