LD (EFE) Tal y como pedía el principal acusado Javier de la Rosa, para el que el fiscal solicita 38 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, Alcocer, Cortina y Montes habrán de declarar en juicio oral que se sigue por las operaciones "Pimcinco-Oakthorn-Prima Inmbiliaria" y "Quail-Acie". Así lo indicaron varias partes personadas en este juicio que tuvieron acceso al auto dictado este jueves por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De la Rosa quiere saber qué opinan los tres empresarios de la relación entre Quail-España –propiedad del acusado– y la sociedad Cartera Central –propiedad de Los Albertos–, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro en varias ocasiones durante la vista oral que los casos estudiados nada tienen que ver con el caso Urbanor, en el que los tres testigos estuvieron acusados.
La defensa De la Rosa sostiene que Quail-España, como banco de inversiones, cobró una comisión por las operaciones de la sociedad Cartera Central, derivada entre otros factores, de la venta por parte de Cortina y Alcocer de los terrenos sobre los que se asientan las torres KIO al grupo kuwaití, a través de la sociedad Horwitz, que algunas partes personadas en el juicio relacionan con Enrique Sarasola. También señala que Cartera Central hizo pagos ligados a las operaciones Oakthorn 1 y Pimcinco que, ahora, son enjuiciadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En este juicio oral, los jueces habrán de determinar la legalidad de las operaciones Pimcinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), Oakthorn (préstamo de 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre) y la supuesta manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de los años 90. Asimismo, habrá de pronunciarse sobre la denominada pieza Quail-ACIE, que debe esclarecer el desvío de 65,44 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de Quail –empresa propiedad del empresario De la Rosa– y el paradero de otros 6,3 millones de euros, propiedad del Grupo Torras, sustraídos presuntamente a través de su filial Acie.
También la Audiencia Nacional denegó las alegaciones presentadas por las defensas de De la Rosa, el abogado Juan José Folchi, el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, Jorge Nuñez Lasso de la Vega y Arturo Piñaña sobre la "prescripción" del delito de apropiación indebida y falsedad. Además, se negó la pretensión de conseguir la nulidad de los cd-rom remitidos por una tribunal de Ginebra, en los que la acusación particular encabezada por el grupo Torras se basa para pedir la responsabilidad civil en este caso, que podría llegar a superar 370 millones de dólares.
De la Rosa quiere saber qué opinan los tres empresarios de la relación entre Quail-España –propiedad del acusado– y la sociedad Cartera Central –propiedad de Los Albertos–, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro en varias ocasiones durante la vista oral que los casos estudiados nada tienen que ver con el caso Urbanor, en el que los tres testigos estuvieron acusados.
La defensa De la Rosa sostiene que Quail-España, como banco de inversiones, cobró una comisión por las operaciones de la sociedad Cartera Central, derivada entre otros factores, de la venta por parte de Cortina y Alcocer de los terrenos sobre los que se asientan las torres KIO al grupo kuwaití, a través de la sociedad Horwitz, que algunas partes personadas en el juicio relacionan con Enrique Sarasola. También señala que Cartera Central hizo pagos ligados a las operaciones Oakthorn 1 y Pimcinco que, ahora, son enjuiciadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En este juicio oral, los jueces habrán de determinar la legalidad de las operaciones Pimcinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), Oakthorn (préstamo de 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre) y la supuesta manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de los años 90. Asimismo, habrá de pronunciarse sobre la denominada pieza Quail-ACIE, que debe esclarecer el desvío de 65,44 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de Quail –empresa propiedad del empresario De la Rosa– y el paradero de otros 6,3 millones de euros, propiedad del Grupo Torras, sustraídos presuntamente a través de su filial Acie.
También la Audiencia Nacional denegó las alegaciones presentadas por las defensas de De la Rosa, el abogado Juan José Folchi, el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, Jorge Nuñez Lasso de la Vega y Arturo Piñaña sobre la "prescripción" del delito de apropiación indebida y falsedad. Además, se negó la pretensión de conseguir la nulidad de los cd-rom remitidos por una tribunal de Ginebra, en los que la acusación particular encabezada por el grupo Torras se basa para pedir la responsabilidad civil en este caso, que podría llegar a superar 370 millones de dólares.