LD (Agencias) Éstas son algunas de las recomendaciones que la Comisión de Expertos, presidida por el catedrático Miguel Sánchez Morón, ha realizado de cara a la elaboración del Estatuto de la Función Pública y que han sido presentadas por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el propio Morón y el secretario general para la Administración Pública, Francisco Velázquez.
Los expertos creen que los puestos de trabajo a los que acceden los funcionarios deben tener "continuidad y estabilidad", pero no de manera vitalicia ni absoluta, de tal forma que, periódicamente, sea evaluada por la Administración la evolución en el desempeño de su actividad. De dicha evaluación, que medirá los méritos y el rendimiento del empleado público, dependerá su continuidad en el puesto, así como su avance o retroceso en la carrera y parte de su salario, garantizándose en todo caso que nunca perderá su condición de funcionario.
En esta línea, Morón también juzgó necesario que las retribuciones de los empleados públicos se vinculen en mayor medida al rendimiento y la consecución de objetivos, incrementándose "en la medida de lo posible" el complemento de productividad para todos los funcionarios, siendo cada Administración la responsable de establecer cuánto y cómo. Se trataría, en definitiva, de que ganaran peso dentro de las retribuciones los complementos ligados al rendimiento del empleado público o a su categoría y no tanto a la antigüedad del mismo.
La Comisión de Expertos considera además que las subidas retributivas a aplicar a los empleados públicos deben consultarse previamente a comunidades autónomas y corporaciones locales antes de negociarse con las organizaciones sindicales, y que, en el caso de la negociación colectiva, tienen que aclararse en el Estatuto qué materias serían objeto de diálogo y cuáles no. En la presentación de este informe, Sevilla se comprometió a que el futuro Estatuto llegue al Congreso de los Diputados "este mismo año" para quedar definitivamente aprobado antes de 2007.
Listado de deberes de todos empleados públicos
Los expertos creen que el Estatuto debe recoger un conjunto de derechos, pero también, y por primera vez, un listado de deberes común a todos los empleados públicos, ya sean funcionarios o personal laboral. Morón explicó que no se trata de crear una única categoría de empleado público, sino de aproximar el régimen jurídico básico de todas las categorías existentes.
Esta regulación, dijo, debe ser "flexible" para que pueda adaptarse a cada sector del empleo público y ha de prever también la posibilidad de admitir modalidades de empleo a tiempo parcial y a distancia y recoger medidas para reducir la elevada tasa de temporalidad del sector público.
A juicio de la Comisión, el Estatuto debe respetar el derecho de los funcionarios a la inmovilidad de su condición, si bien considera que, en el caso de los contratados laborales, habría que eliminar el despido improcedente. Esto implicaría que, a diferencia de un empresario privado, la Administración no podría elegir entre indemnizar a su empleado o readmitirlo, teniendo la obligación siempre de proceder a su readmisión.
Los expertos también proponen "retocar" algunos criterios del régimen de incompatibilidades cuando el empleo público se compatibilice con alguna actividad privada con la que pueda entrar en un conflicto de intereses, como es el caso de los funcionarios encargados de adjudicar licencias o de los que trabajan en organismos reguladores.