La recuperación económica europea puede irse al traste si los países díscolos y derrochadores como España no solucionan sus problemas de deuda. La OCDE no descarta la quiebra de alguno de los PIIGS y el Banco Central Europeo sigue metiendo dinero a espuertas en los bancos y cajas de ahorros españolas para que las entidades compren deuda al Tesoro que financie los dispendios de la política económica de Zapatero.
Los diarios económicos dicen abiertamente que el organismo monetario es como un asistente social que da metadona a los drogadictos. La sustancia estupefaciente es el dinero que sale de la imprenta del BCE (creado prácticamente de la nada) y los yonkies son las entidades financieras que pagan a su camello mediante deuda pública comprada al Estado.
El más contundente es El Economista, que en su Editorial explica que los gobiernos rescatan a los bancos con dinero de los contribuyentes a cambio de que estos compren la deuda estatal: "y las autoridades monetarias también tienen su culpa: afirman que no pueden detectar una burbuja cuando usan metadona en una crisis tras otra para evitar que los adictos al crédito se desenganchen".
El mismo símil usa el diario Expansión, que destaca en su portada: "la banca española se desengancha del BCE: pide ‘solo’ 109.000 millones de euros en agosto". A pesar de que se ha reducido la dependencia de las entidades españolas resulta que uno de cada cuatro euros que sale del organismo monetario va a parar a bancos y cajas de ahorros españoles. Sin el dinero del BCE la economía española suspendería pagos, así de claro.
El periódico de Unidad Editorial se hace una pregunta retórica: "¿hay motivo para el optimismo? Y la respuesta es negativa. Ningún dato avala la esperanza de que la recuperación económica se produzca en el corto o medio plazo, lo que pone en entredicho el mensaje de optimismo que lanzó Zapatero en Oslo, en una intervención llena de mentiras, como ha denunciado LD.
Aunque Expansión abre su portada con una noticia del Matrix catalán: "el tripartito castiga a la empresa familiar". Resulta que este tipo de compañías que verán limitada su posibilidad de acogerse a las ventajas tributarias nacionales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La ley que regula este impuesto en Cataluña ha introducido una importante restricción a las transmisiones que realizan estas empresas, un límite que no incluían ni los borradores ni las enmiendas del texto aprobado el pasado 7 de junio. Es decir, que el gobierno regional de Montilla se saca otro as fiscal de la manga para sangrar a los emprendedores. Eso sí, cobrará el que ocupe el sillón de la Generalidad el año que viene, porque él lo tiene bastante crudo.
Por su parte, el diario El Economista –además de cargar contra la política monetaria del BCE– anuncia que "el mayor sindicato de funcionarios no seguirá la huelga" convocada por CCOO y UGT. La organización CSI-CSIF no entiende la tibieza de Méndez y Toxo con el Gobierno y no comparten la visión sindical de sus compañeros de lucha. No es la primera vez, ya en mayo intentaron organizar un paro en el INEM para enfrentarse al ministro del paro, Celestino Corbacho; un plan que fue desactivado por los sindicatos más subvencionados de España, los compañeros de UGT y CCOO.
No quisiera terminar este resumen de la prensa salmón (personal e intransferible) sin hacer referencia al diario de Prisa, Cinco Días, que dedica toda su portada a la nueva regulación que prepara la Unión Europea para controlar los mercados de derivados financieros en materia alimentaria. Un derivado es un producto que permite apostar por la subida o bajada del precio de un determinado bien (en este caso agrícola) y, según el análisis de Bruselas (y del equipo directivo del periódico español) es la causa de la "especulación en los alimentos".
Tanto las autoridades comunitarias como Cinco Días se olvidan de que la intervención del sector público en el mercado agrícola es la causa principal del subdesarrollo del Tercer Mundo, de la falta de oferta para una demanda creciente y de la volatilidad de los precios, entre otras perlas que ahora dejaremos a un lado. Los países productores no pueden vender sus productos en Europa al precio que deberían, debido a los aranceles que pone Europa a la entrada de productos extranjeros.
Además, los agricultores comunitarios viven gracias a las subvenciones, que les permiten producir alimentos y venderlos a un precio muy superior al de mercado, gracias a los impuestos que se cobran a los ciudadanos europeos. No olviden que la UE nació como una unión arancelaria para fomentar el comercio interno y poner barreras al externo. Así que, por favor, dejen de contarnos cuentos que ya somos mayorcitos.